El Centro Carter, que actuó como observador en las recientes elecciones presidenciales de Venezuela, ha declarado que el proceso “no se adecuó” a los parámetros internacionales de integridad electoral, lo que impide considerarlo como democrático. En un comunicado, la organización señaló que no puede verificar la autenticidad de los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró ganador al oficialista Nicolás Maduro, a pesar de que más de dos millones de votos aún no han sido contabilizados.
La organización criticó la falta de transparencia del CNE, que no ha proporcionado resultados desglosados por mesa, lo que constituye una “grave violación de los principios electorales”. El informe también destacó que el proceso electoral no alcanzó los estándares internacionales en ninguna de sus etapas y violó numerosos preceptos de la legislación nacional.
Según el Centro Carter, las elecciones se llevaron a cabo en un contexto de libertades restringidas, afectando a actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Durante el proceso, el CNE mostró parcialidad hacia el oficialismo, perjudicando las candidaturas opositoras.
El registro de electores enfrentó varios inconvenientes, incluyendo plazos cortos y escasos lugares de inscripción, lo que dificultó la participación de ciudadanos en el extranjero, quienes se encontraron con barreras legales y arbitrarias para inscribirse.
Además, el registro de partidos y candidatos no cumplió con estándares internacionales, y las formaciones opositoras han sufrido intervenciones judiciales que han debilitado sus liderazgos. La candidatura de la oposición estuvo sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales, que tomaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos.
El Centro Carter también observó un desequilibrio notable en la campaña electoral, con recursos desproporcionados a favor del gobierno, incluyendo el uso de vehículos y programas sociales para promover la candidatura oficialista. La publicidad en medios de comunicación estuvo dominada por el oficialismo, mientras que las campañas opositoras enfrentaron restricciones y persecuciones.
A pesar de estas irregularidades, el 28 de julio, la ciudadanía venezolana se movilizó de manera pacífica para ejercer su derecho al voto, aunque el acceso de observadores nacionales y testigos de partidos fue limitado. La organización denunció la presión sobre el electorado mediante puntos de control gubernamentales cerca de los recintos de votación.
Los observadores del Centro Carter destacaron el compromiso cívico de los venezolanos, quienes se involucraron activamente en el proceso electoral. Sin embargo, la falta de transparencia en la difusión de resultados por parte del CNE desmereció estos esfuerzos.
El Centro Carter, que desplegó 17 expertos en varias ciudades del país, anunció que publicará un informe final detallando sus hallazgos. Además, la organización fue invitada a observar las elecciones presidenciales de 2024, firmando un memorando de entendimiento para garantizar una observación libre y conforme a sus estándares.
