La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este martes su profunda preocupación por la reciente reforma al Poder Judicial en México, que establece la elección popular de jueces. Durante una audiencia en Washington, Andrea Pochak, relatora del organismo para México, advirtió que “tender a la democratización de la justicia no puede ir en contra de otro principio básico del sistema interamericano que es el de la independencia judicial”.
La reforma, promulgada el 15 de septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, ha generado controversia entre jueces y trabajadores del Poder Judicial, quienes han interpuesto una queja ante la CIDH. Aseguran que esta medida representa una intromisión del Ejecutivo en el sistema judicial, dado que el oficialismo impulsará a sus candidatos para las elecciones de jueces programadas para 2025.
Pochak enfatizó que cualquier reforma destinada a democratizar el sistema judicial debe respetar principios fundamentales como la meritocracia y evitar la injerencia de otros poderes. También advirtió que reformas similares en otros países han demostrado ser riesgosas, pudiendo llevar a una “mayor deslegitimidad del sistema judicial”.
La CIDH se comprometió a “monitorear” la implementación de la reforma y a mantener un “diálogo permanente con el Estado”, destacando que México ha mostrado un respeto considerable hacia el sistema interamericano de derechos humanos.
Por su parte, el comisionado Carlos Bernal calificó la reforma como “un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo”, sugiriendo que el Gobierno busca desmantelar los contrapesos al Ejecutivo. “Un Gobierno que arrasa en las urnas para la presidencia y otros cargos de elección popular, ¿no es sospechoso que quiera también la elección popular de los jueces?”, cuestionó.
En respuesta, Claudia Sheinbaum defendió la reforma en su rueda de prensa matutina, afirmando que “México es un país libre, soberano e independiente” y que las decisiones sobre reformas constitucionales corresponden al pueblo. Criticó la rapidez con la que la CIDH atendió la queja, señalando que otros casos han tardado años en ser considerados.
Este intercambio refleja la tensión entre el Gobierno mexicano y organismos internacionales sobre el futuro del sistema judicial en el país, mientras la implementación de la reforma avanza hacia su fecha de elecciones en 2025.
