En medio de la creciente dominancia del expresidente Donald Trump en la primaria presidencial republicana, un debate legal está cobrando fuerza sobre si una cláusula de la Constitución podría impedirle postularse nuevamente después del asalto al Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021.
La cláusula en cuestión es la tercera sección de la decimocuarta enmienda, que prohíbe que cualquier persona que haya prestado juramento para defender la Constitución y luego haya “participado” en una “insurrección o rebelión” contra ella ocupe un cargo público. En este contexto, un número creciente de expertos legales y grupos liberales argumenta que esta cláusula podría aplicarse a Trump debido a su presunta participación en la promoción de la anulación de las elecciones presidenciales de 2020 y el aliento a sus seguidores para asaltar el Capitolio.
Dos organizaciones sin fines de lucro están listas para desafiar esta candidatura en los tribunales si los funcionarios electorales estatales deciden incluir a Trump en la boleta electoral a pesar de estas objeciones.
Este esfuerzo legal potencialmente desencadenará una serie de demandas y apelaciones en varios estados, lo que podría llevar el caso ante la Corte Suprema, posiblemente en pleno apogeo de la temporada de primarias de 2024. Esta controversia legal agrega un nuevo nivel de incertidumbre al proceso de nominación republicano, que ya está marcado por la presencia de cuatro juicios penales pendientes contra el principal candidato.
La capacidad misma de Trump para postularse se convierte en un tema candente mientras los republicanos se preparan para iniciar la elección de su candidato, comenzando con los caucus de Iowa el 15 de enero.
“Existe una posibilidad muy real de que estos casos estén activos durante las primarias”, advierte Gerard Magliocca, profesor de derecho en la Universidad de Indiana. “Imagina que tienes una opinión que dice que él no es elegible y luego hay otra primaria en la que está en la boleta”.
Aunque la mayoría de los litigios probablemente no comiencen antes de octubre, cuando los estados comiencen a fijar sus boletas electorales para las próximas primarias, el tema ha ganado impulso debido a un artículo de revisión de las leyes escrito por destacados profesores de derecho conservadores. Este artículo concluye que Trump debería ser excluido de la boleta electoral en virtud de la cláusula de la tercera sección de la decimocuarta enmienda constitucional.
Este debate se intensificó durante el reciente debate presidencial republicano en Milwaukee, cuando el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, señaló que “esto es algo que podría descalificarlo (a Trump) según nuestras reglas y la Constitución”.
La organización sin fines de lucro Free Speech For People ya había enviado cartas en 2021 a los principales funcionarios electorales de los 50 estados solicitando la exclusión de Trump si buscaba postularse nuevamente para la presidencia. Ron Fein, director legal del grupo, señala que, después de años de silencio, los funcionarios finalmente están comenzando a abordar el tema.
La complejidad legal es evidente, ya que algunos secretarios de Estado están adoptando un enfoque cauteloso debido a la incertidumbre. Esto quedó patente cuando Adrian Fontes, secretario de Estado de Arizona, afirmó que tenía las manos atadas debido a un fallo del tribunal superior de ese estado que sostiene que solo el Congreso puede excluir a alguien de la boleta presidencial de Arizona. Fontes, un demócrata, calificó el fallo como “completa y absolutamente equivocado”, pero aseguró que cumpliría con él.
Si Trump aparece en la boleta electoral de Arizona, quienes creen que no está calificado aún pueden llevar su caso a un tribunal federal para su exclusión.
El miércoles, un candidato presidencial republicano con pocas posibilidades, John Anthony Castro de Texas, presentó una denuncia en un tribunal de Nuevo Hampshire alegando que la decimocuarta enmienda excluía a Trump de la boleta en ese estado.
Se espera que las eventuales impugnaciones judiciales más importantes generen un mayor enfrentamiento legal. Michael McConnell, profesor de derecho en la Universidad de Stanford, quien es conservador y no apoya a Trump, plantea interrogantes sobre si esta disposición se aplica a la presidencia y si el ataque del 6 de enero califica como una “insurrección” según la ley.
Este debate legal no solo involucra a Trump, sino que también podría sentar un precedente político significativo si se excluye finalmente a un candidato de una votación estatal. La decimocuarta enmienda, ratificada en 1868, fue diseñada para garantizar los derechos civiles de los esclavos liberados y ha sido utilizada en el pasado para evitar que exfuncionarios confederados asumieran cargos públicos.
En última instancia, si algún estado prohíbe que Trump participe en las elecciones, se espera que su campaña de reelección presente una demanda y posiblemente lleve el caso directamente ante la Corte Suprema, lo que podría tener implicaciones significativas para la política estadounidense.
