Con 73 votos a favor, 32 en contra y seis abstenciones, el Congreso admitió el proceso y el jefe del parlamento, José Williams Zapata, convocó a Castillo para que el 7 de diciembre responda a supuestas faltas constitucionales en funciones.
La decisión del Congreso se produce después de que una misión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recomendó una “tregua política” entre los poderes en pugna en Perú, para iniciar un dialogo formal, al entregar su informe preliminar sobre la visita que realizaron al país.
Castillo, un exsindicalista de izquierda, ya sobrevivió a dos intentos de destitución en el Congreso. El primero el diciembre del año pasado y el segundo en marzo.
Para expulsar al mandatario, según la moción por “incapacidad moral” para gobernar, se necesitan 87 votos de los 130 miembros del parlamento unicameral, un número que ahora la oposición de partidos de derecha espera alcanzar.
Actualmente el presidente encara una denuncia constitucional de la fiscal general en el Congreso por investigaciones de corrupción. El mandatario Castillo afirma que la denuncia es un intento de “golpe de Estado” de la fiscalía y el Congreso.
Representantes de la OEA realizaron en Lima entre 21 y 23 de noviembre unas 29 entrevistas con líderes del Congreso, el poder Judicial, partidos políticos y sociedad civil, para analizar la crisis política en Perú a solicitud del propio Castillo.
“El Grupo de Alto Nivel de la @OEA_oficial ha ratificado que mi gobierno viene recibiendo ataques desestabilizadores por un grupo político que hasta hoy desconoce el voto popular y pretende vulnerarlo”, dijo por Twitter el presidente Castillo, antes de que se votara la admisión para el juicio político.
Castillo espera recibir en Lima el 14 de diciembre a los presidentes de México, Colombia y Chile para una postergada cumbre de la Alianza del Pacífico.
Más temprano, la primera ministra, Betssy Chávez, exhortó dejar a Castillo cumplir su mandato hasta el 2026 y afirmó que la tregua y diálogo pedido por la OEA “es vital cuando tenemos los ánimos algo crispados entre ambos poderes del Estado”.
Según la última encuesta de la firma Ipsos Perú, un 66% de los ciudadanos desaprueban la gestión del presidente Castillo, mientras que un 73% rechaza la actuación del Congreso.
La admisión para un juicio político contra Castillo se produce también luego de que el Congreso rechazara el pedido de un voto de confianza al anterior primer ministro de Castillo, alegando que no cumplía con los requisitos constitucionales.
Esta decisión fue tomada por el Gobierno como una negación de la confianza y Castillo renovó a su gabinete. La oposición ha rechazado esa interpretación y afirma que Castillo busca una “disolución anticonstitucional” del parlamento.
