La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y Maria Alekseyevna Lvova-Belova por crímenes de guerra.
La CPI alega que Putin es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de niños y del traslado ilegal de niños de las áreas ocupadas de Ucrania a Rusia.
Lvova-Belova es la funcionaria rusa en el centro del presunto plan para deportar por la fuerza a miles de niños ucranianos a Rusia.
Según Estados Unidos y varios gobiernos europeos, la administración de Putin ha llevado a cabo un plan para deportar por la fuerza a miles de niños ucranianos a Rusia, a menudo a una red de decenas de campos, donde los menores son sometidos a reeducación política.
Los esfuerzos de Lvova-Belova incluyen específicamente la adopción forzosa de niños ucranianos por familias rusas, la llamada ‘educación patriótica’ de niños ucranianos, cambios legislativos para agilizar la concesión de la ciudadanía de la Federación Rusa a niños ucranianos y la expulsión deliberada de niños ucranianos por las fuerzas de Rusia.
El Kremlin calificó la decisión de la CPI de emitir órdenes de arresto como “indignante e inaceptable”. Los casos representan los primeros cargos internacionales que se presentan desde el inicio de la guerra de Rusia.
