Cortes de inmigración en Estados Unidos han citado al menos a 70 bebés menores de un año desde octubre pasado, según datos del Departamento de Justicia obtenidos por el servicio noticioso sin fines de lucro Kaiser Health News.
Los 70 bebés representan una parte de los 679 niños de hasta cinco años que han sido citados para tramitar sus propios procedimientos de deportación en los últimos nueve meses, agregó el informe.
Por lo general, los bebés que cruzan la frontera con alguien menor de 18 años son considerados “no acompañados” y son obligados a comparecer ante una corte de inmigración.
Tras la aplicación de la política migratoria de “cero tolerancia” en abril pasado, los niños que fueron separados de sus padres por las autoridades han sido considerados “no acompañados”, por lo que el número de infantes citados a la corte para procesos de deportación se ha triplicado, indicó Kaiser Health News.
Las cifras, proporcionadas de manera exclusiva al servicio noticioso, no aclaran el número de bebés que comparecieron en la Corte tras haber sido separados de sus padres y el número de infantes que cruzaron la frontera con alguien menor de 18 años.
Los datos oficiales muestran que desde el 1 de octubre de 2015, unos dos mil 753 niños menores de cinco años han sido convocados ante una corte de inmigración.
En los casos de deportación, los niños no tienen derecho a un abogado designado, sino a una lista de abogados de ayuda legal con los que el cuidador actual del niño puede comunicarse.
El mes pasado, un juez federal en San Diego ordenó a la administración del presidente Donald Trump, reunificar a las familias migrantes que fueron separadas tras cruzar la frontera fijando plazos para ello.
El juez ordenó que los niños menores de cinco años fueran reunidos con sus padres para el 10 de julio. El gobierno federal reunió a cerca de la mitad de esos niños para el 12 de julio, un total de 57 de 103.
El Departamento de Justicia explicó que algunos niños no pudieron ser reunidos con sus padres, porque los progenitores contaban con “antecedentes penales graves” o estaban encarcelados.
En 12 casos, los padres de esos niños ya habían sido deportados. En otro, el gobierno no pudo determinar dónde se encontraba el padre del niño, y en otro, el padre tenía una “enfermedad contagiosa”.
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