Washington, Estados Unidos.– El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que bajo órdenes del presidente Donald Trump las fuerzas estadunidenses realizaron un ataque contra una embarcación en el Caribe que, según la versión oficial, transportaba estupefacientes y era operada por “narcoterroristas”; el funcionario informó que tres personas murieron en el ataque.
La acción forma parte de una campaña militar que, desde principios de septiembre, ha incluido al menos 15 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo que medios y recuentos públicos sitúan en al menos 61 hasta 64 personas fallecidas en total, según registros periodísticos y compilaciones públicas.
El Gobierno de Trump ha calificado y designado a ciertos cárteles de la región como organizaciones terroristas extranjeras y presenta los ataques como una respuesta a una supuesta amenaza contra la seguridad nacional por el flujo de drogas hacia Estados Unidos. En sus mensajes públicos Hegseth y otros mandos han defendido que las operaciones se realizan en aguas internacionales y contra objetivos ligados al contrabando ilícito.
La escalada ha generado cuestionamientos en el Congreso de Estados Unidos y entre organizaciones internacionales sobre la legalidad, la transparencia y la justificación de estas acciones militares. Legisladores han pedido detalles sobre las bases legales, los criterios de selección de blancos y las pruebas que vinculan a las embarcaciones atacadas con los grupos señalados.
Las autoridades han divulgado imágenes y comunicados parciales sobre los incidentes, pero analistas y gobiernos regionales han señalado la falta de información pública completa sobre la identidad de las víctimas, la pertenencia de los buques y las evidencias que sostienen las acusaciones. Algunos países de la región han expresado su preocupación por las implicaciones diplomáticas y humanitarias de la campaña.
Por el momento las versiones oficiales insisten en que estas operaciones son parte de una política para enfrentar a redes criminales que, según la Casa Blanca, constituyen una amenaza grave. Sin embargo, la controversia política y jurídica en torno al uso de la fuerza en aguas internacionales y la persecución extraterritorial de actores delictivos se mantiene como el eje central del debate público y legislativo en Washington y en la región.
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