Washington, Estados Unidos.- La mayoría de los servicios federales en Estados Unidos quedaron paralizados desde la medianoche de ayer, luego de que demócratas y republicanos no alcanzaron un acuerdo para extender el financiamiento federal, lo que provocó un nuevo cierre administrativo del Gobierno.
El cierre, conocido como shutdown, implica la interrupción del pago de numerosas prestaciones sociales y afecta directamente a cientos de miles de trabajadores federales. De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), alrededor de 750 mil funcionarios quedaron en situación de desempleo parcial, con una pérdida diaria estimada en 400 millones de dólares en ingresos.
El cierre administrativo se produce tras el fin del año fiscal y la falta de consenso en el Congreso para aprobar un presupuesto que garantizara la continuidad de operaciones gubernamentales. Como consecuencia, agencias federales y servicios básicos redujeron drásticamente sus actividades desde la medianoche del sábado.
El episodio recuerda al cierre más prolongado en más de cuatro décadas, ocurrido entre diciembre de 2018 y enero de 2019 durante la primera administración de Donald Trump, que se extendió por 35 días debido a la exigencia del entonces mandatario de financiar la construcción de un muro en la frontera con México.
Especialistas advierten que el impacto económico del actual cierre podría ser significativo. Analistas de la aseguradora Nationwide calcularon que cada semana de paralización reducirá en 0.2 puntos porcentuales el crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos.
En medio de la crisis, Donald Trump amenazó con aprovechar el cierre para despedir a “muchos” funcionarios públicos y recortar programas y beneficios federales respaldados por los demócratas. Sus declaraciones aumentaron la tensión política en un escenario ya marcado por la polarización en el Congreso.
Mientras tanto, la incertidumbre se extiende entre trabajadores y beneficiarios de programas federales, quienes dependen de la pronta resolución del bloqueo legislativo para recuperar su estabilidad laboral y social.
