Cuatro empresarios de grandes constructoras peruanas que fueron socias de la brasileña Odebrecht quedarán bajo prisión preventiva, acusados de sobornar al expresidente Alejandro Toledo a cambio de una obra pública, en la primera decisión judicial que alcanza a ejecutivos del país.
“Este despacho considera que se dan los ingredientes de peligro de fuga y obstaculización a la justicia (…) Es proporcional aplicarles prisión preventiva de 18 meses a los cuatro investigados”, dijo el juez Richard Concepción Carhuancho en una audiencia la madrugada del lunes.
Los cargos son por colusión y lavado de activos, y la decisión se adopta a pedido de la Fiscalía, ante un posible peligro de fuga de los implicados.
En la investigación están envueltas tres de las mayores constructoras de Perú: Graña y Montero, JJ Camet y la firma ICCGSA, que trabajaron en consorcio con Odebrecht. Graña es una poderosa compañía que cotiza tanto en la Bolsa de Lima como en la de Nueva York.
Por Graña quedan en prisión José Alejandro Graña Miró Quesada, hasta hace poco presidente del directorio de la compañía y uno de los empresarios más emblemáticos del país. También Hernando Alejandro Graña Acuña, exdirector de la firma.
Por JJ Camet, va preso su presidente Fernando Gonzalo Camet Piccone y, por ICCGSA, su director gerente José Fernando Castillo Dibós.
En tanto, Gonzalo Ferraro Rey, expresidente ejecutivo de Graña y Montero, quedará bajo arresto domiciliario en una clínica, por un cáncer que lo aqueja.
Según la acusación, las firmas peruanas, junto con Odebrecht, compartieron el pago de un soborno de 20 millones de dólares entregado al expresidente Toledo (2001-2006), a cambio de ganar la licitación para la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica, que une Perú con Brasil.
Las empresas peruanas habrían colaborado con 15 de los 20 millones del soborno, según las investigaciones.
Soborno disfrazado
Fue el exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien confesó el pago como parte de un acuerdo de colaboración premiada, según lo detallado por la fiscalía.
El fiscal que investiga el caso “Lava Jato” en Perú, Hamilton Castro, explicó que las constructoras peruanas disfrazaron el pago del soborno a través de una cesión de utilidades a Odebrecht, como reembolso por el dinero que la brasileña ya le había entregado a Toledo.
Las compañías peruanas niegan ilegalidad. Sus abogados aseguraron que ese pago fue una compensación al liderazgo que Odebrecht tuvo en la negociación y adjudicación de la obra, y por “riesgos adicionales”.
Los abogados de los empresarios investigados apelaron la decisión, pero anunciaron que sus patrocinados se entregarán voluntariamente.
Se trata de la primera decisión de este tipo que implica directamente a grandes empresarios en Perú, donde varios políticos ya son investigados.
Fuente: https://www.informador.mx
