El Gobierno del presidente Donald Trump congeló todos los activos del gobierno venezolano, en un significativo recrudecimiento de las tensiones con el mandatario Nicolás Maduro que coloca a su gobierno socialista en una lista de adversarios de Washington -Cuba, Corea del Norte, Siria e Irán-que han sido blanco de sanciones agresivas.
La medida, que además prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con el gobierno de Venezuela, entró en vigor la noche del lunes. Es la primera de su tipo en el hemisferio occidental en más de tres décadas, luego de una congelación de activos contra el gobierno del general Manuel Noriega en Panamá y un embargo comercial al liderazgo sandinista en Nicaragua en la década de 1980.
La orden ejecutiva firmada por Trump fundamenta la decisión en la continua “usurpación” del poder por parte de Maduro y en los abusos a los derechos humanos por sus allegados.
Aunque la orden no es un embargo comercial formal _elude al aún considerable sector privado venezolano_, representa la medida más dura de Estados Unidos dirigida a destituir a Maduro desde que el gobierno de Trump reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela en enero.
Rusia, que apoya a Maduro, denunció las acciones el martes. Konstantin Kosachev, jefe de la comisión de asuntos internacionales de la cámara alta del Parlamento ruso, dijo que las sanciones equivalen a “vandalismo internacional”, de acuerdo con información difundida por la agencia estatal de noticias RIA Novosti. Kosachev agregó que eso representa una abierta intromisión a los asuntos internos de Venezuela.
Es probable que las medidas agraven las penurias en la ya de por sí moribunda economía de Venezuela, que sufre una hiperinflación de seis dígitos y una profunda contracción que supera la de la Gran Depresión en Estados Unidos.
Sanciones anteriores contra la industria petrolera de Venezuela, la que genera casi todas las divisas por exportaciones del país, han acelerado una caída drástica en la producción de crudo, la cual comenzó con la elección de Maduro en 2013 tras la muerte de su mentor Hugo Chávez.
Más de 100 funcionarios y personas cercanas al gobierno han visto congelados sus activos en Estados Unidos y vetos a hacer negocios con estadounidenses. Como parte de la nueva orden ejecutiva, los estadounidenses tendrán prohibido participar en transacciones con cualquiera que se determine está apoyando a Maduro o a su gobierno. Los que respalden al mandatario venezolano tampoco podrán ingresar a Estados Unidos.
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