Estados Unidos ha decidido imponer un arancel del 17% a la mayoría de los tomates frescos provenientes de México luego del fracaso de las negociaciones para renovar un acuerdo comercial vigente desde 2019. Esta nueva cuota, que afecta directamente a los productores mexicanos de tomate, surge como respuesta a demandas de agricultores estadounidenses que aseguran que el tomate mexicano ha desplazado a la industria local debido a precios bajos en el mercado. Las autoridades de comercio de Estados Unidos afirman que se trata de una medida para proteger a sus agricultores frente a lo que consideran prácticas desleales, mientras que productores mexicanos señalan que la decisión es injusta y que no existen países capaces de reemplazar el volumen de tomate que México exporta actualmente.
México cubre aproximadamente el 70% del mercado de tomate fresco en Estados Unidos. Durante casi tres décadas, los productores mexicanos han trabajado bajo acuerdos que evitaban pagos de aranceles, permitiendo que el fruto llegara a supermercados norteamericanos a precios accesibles. Ahora, esta nueva tarifa se espera provoque un aumento inmediato en el precio que los consumidores finales pagan en tiendas. Expertos estiman que los precios al menudeo podrían subir hasta un 8% para las familias estadounidenses. Empresarios advierten que el incremento podría generar también ajustes en la oferta y demanda, así como posibles represalias comerciales.
El origen de esta medida se remonta a una denuncia presentada en 1996 por agricultores estadounidenses, quienes insistieron en que el ingreso de tomate mexicano afectaba de forma negativa sus ingresos y competitividad. Desde entonces, se establecieron varios acuerdos de suspensión, el último firmado en 2019, permitiendo exportaciones sin aranceles, siempre y cuando se respetaran ciertos precios mínimos. Sin embargo, al no lograrse una nueva conciliación, el gobierno estadounidense activó el cobro de este arancel especial. México exporta actualmente más de dos tercios del tomate fresco consumido en Estados Unidos, lo que hace difícil sustituir este producto con la producción local o con importaciones de otros países.
Los productores mexicanos han expresado su preocupación por la estabilidad y continuidad de su industria, que representa no solo una fuente importante de empleo sino también de divisas para la economía nacional. Sostienen que una reducción en las exportaciones afectaría a numerosas familias en regiones agrícolas y podría tener consecuencias en los precios para los consumidores tanto en México como en Estados Unidos. Por su parte, las autoridades mexicanas indican que ya se preparan medidas para mitigar los efectos negativos de la disposición norteamericana, mientras continúan buscando una solución negociada que beneficie a ambas naciones y mantenga la colaboración agrícola de larga data entre los dos países.
