La justicia de Estados Unidos rechazó otra vez la petición de libertad bajo fianza de Genaro García Luna, el ex secretario de seguridad pública de México acusado de tres delitos de narcotráfico y quien se encuentra encarcelado en Nueva York.
El juez Brian Cogan, el mismo que encabezó el proceso judicial contra Joaquín “Chapo” Guzmán, negó el recurso de apelación de la decisión de un magistrado a finales de marzo, que consideró que no hay las condiciones necesarias para asegurar que García Luna no huya de Estados Unidos para evitar la justicia.
Cogan, en una orden emitida a última hora del domingo, esgrime las mismas razones “de peso” que se han repetido durante los últimos meses para que el ex zar antidrogas del gobierno de Felipe Calderón pueda esperar su juicio fuera de prisión, siendo el más fundamental el “serio riesgo” de fuga.
Para el juez, García Luna no sólo tiene razones para querer huir de Estados Unidos, sino que además tiene los recursos para hacerlo. El “fuerte incentivo” para escapar a México deriva principalmente, según Cogan, del “significativo periodo de tiempo” al que podría ser condenado de ser declarado culpable de tráfico de droga en colusión con el cártel de Sinaloa.
Según los cálculos de la fiscalía, de ser hallado culpable enfrentaría cadena perpetua casi automática. Una fiscalía que tiene gran cantidad de evidencias y pruebas, y espera contar en el juicio con “numerosos testigos cooperantes, incluyendo altos rangos del Cártel de Sinaloa”, que confirmarían que García Luna recibió sobornos multimillonarios a cambio de protección de las actividades del narco.
Dinero que, además, quedaría evidenciado por el historial financiero del ex funcionario mexicano, recursos que no encajan con el salario que recibía como funcionario público.
Cogan rechazó las razones de la defensa de que García Luna no querría regresar a México porque no tiene ningún lazo personal y el paquete de fianza de dos millones de dólares presentado, que consideró que cumplía los requisitos necesarios.
Tampoco convenció el argumento de la necesidad de salir en libertad, ni que fuera temporal, que César de Castro, el abogado de oficio de García Luna, intentó en las últimas peticiones, alegando que el ex funcionario pasó por un cuadro de insuficiencia respiratoria hace cinco años y lo convertía en persona de riesgo ante la pandemia del COVID-19,, algo que no conmovió al juez ya que no hay pruebas de que sea una condición crónica.
Si bien la pandemia está generando una crisis de salud pública sin precedentes en Estados Unidos, con varios contagios y víctimas en cárceles del país, Cogan aseguró que “la instalación en la que el acusado está detenido ha implementado pasos para reducir el riesgo de exposición”.
La próxima audiencia judicial de preparación del juicio está prevista para el 4 de junio, todavía sin la certeza de si se celebrará presencialmente o vía telefónica como consecuencia del COVID-19.
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