La reforma al Poder Judicial en México ha escalado a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, generando preocupación entre funcionarios estadounidenses, incluido el embajador Ken Salazar y el subsecretario de Estado, Brian A. Nichols. Durante una sesión, el republicano Michael McCaul expresó su inquietud por las iniciativas de reforma presentadas en febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtiendo que podrían “echar por tierra años de progreso económico y construcción de alianzas” al erosionar la democracia en el país.
McCaul instó al gobierno mexicano a reconsiderar estas reformas, señalando que su implementación podría afectar la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026. Especialistas y juristas en México han respaldado estas preocupaciones, argumentando que la reforma al Poder Judicial podría desalentar la inversión, sobrecargar las finanzas públicas y poner en riesgo el T-MEC.
Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa, destacó que la propuesta podría llevar a que México sea catalogado como una “economía de no mercado” debido a la injerencia del Estado en la regulación y el control del ecosistema empresarial. Esto, según Moreno, afectaría el T-MEC, que prohíbe relaciones con economías de no mercado.
Mariana Campos, directora general de México Evalúa, subrayó que la reforma violaría tres capítulos del T-MEC: el 14 sobre inversiones, el 23 sobre temas laborales y el 27 sobre políticas anticorrupción. Estos capítulos requieren tribunales independientes e imparciales, algo que no garantiza la iniciativa actual, que propone elegir en las urnas a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Campos advirtió que este mecanismo podría abrir la puerta a influencias externas, incluyendo presiones del crimen organizado en las elecciones. Para ilustrar su punto, citó que la elección de 41 jueces estatales en Estados Unidos en 2021 costó casi 100 millones de dólares, mientras que en México se planean comicios para casi 7,000 juzgadores. La situación se presenta como un desafío significativo para la estabilidad política y económica del país.
