La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, denunció ante los tribunales una serie de irregularidades en la causa en la que se le acusa de haber encabezado una asociación ilícita para la recaudación de millonarios sobornos.
La senadora declaró este lunes por escrito en el marco de la investigación que el juez Claudio Bonadío comenzó a partir de la entrega de unos cuadernos escritos por el chofer de un ex funcionario kirchnerista y en los que detalló cuándo y quiénes pagaban los sobornos.
En el documento, la ex presidenta atribuyó sus citatorios judiciales y esta causa en particular a una maniobra para distraer a la opinión pública de la crisis económica que padece el país.
“En medio de las peores noticias económicas y cuando el dólar se aproximó a los cuarenta pesos, fue necesario que se me citara por séptima vez a este Juzgado. Ello, bajo el pretexto de ampliar mi declaración indagatoria”, acusó.
También señaló que “dado que los expedientes que me arma Bonadío carecen de todo contenido jurídico, junto con mi defensa dejamos debida constancia de las gravísimas irregularidades que registra este proceso”.
Por ejemplo, dijo, “la investigación se originó a través de una prueba obtenida de manera ilícita, ya que los famosos cuadernos, que en rigor de verdad no son cuadernos sino simples fotocopias, fueron aportados en contra de la voluntad de quien ahora es reputado como su autor”.
Explicó que Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli evitaron que la investigación fuera sorteada, ya que ese era el correcto procedimiento legal, y se apropiaron de manera indebida de la investigación.
La ex presidenta aseguró que el juez esta aplicando “un procedimiento que resulta inédito y de características escandalosas” para aplicar la “ley del arrepentido”, ya que quienes confiesan supuestos delitos como el pago de sobornos se van a su casa y quienes defienden su inocencia quedan presos.
“Dentro del capítulo de los ‘liberados’, aparentemente merecen un premio mayor quienes de cualquier manera puedan atribuirme algo que se parezca a un delito”, advirtió.
Fernández de Kirchner insistió en que existe una persecución judicial en su contra a través de cuatro causas en las que Bonadío, a quien calificó como “un juez enemigo”, le imputa el delito de ser jefa de una “asociación ilícita”.
Al reiterar “de manera categórica y terminante” que ella no formó parte de ninguna asociación ilícita, precisó que la investigación “no ha conseguido ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen”.
Anticipó, además, que “no obstante todos los abusos judiciales de que vengo siendo objeto, me mantuve y me mantendré en todo momento a disposición de la justicia”.
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