Washington, Estados Unidos.– Las principales compañías farmacéuticas que operan en Estados Unidos denunciaron ante la administración del Presidente Donald Trump que el Gobierno de México violó el T-MEC, tras la publicación del decreto de la Presidenta Claudia Sheinbaum que otorga preferencia a firmas con inversión física en territorio mexicano en los procesos de compras públicas de medicamentos.
A pesar de que corporaciones como Eli Lilly, Pfizer y Merck cuentan con instalaciones en México, la Asociación de Fabricantes e Investigación Farmacéutica de Estados Unidos (PhRMA) acusó que la medida publicada en junio contraviene el Capítulo 13, relativo a adquisiciones públicas.
“El Gobierno de México publicó un decreto presidencial que otorga ventajas en compras públicas a productores con fábricas, laboratorios y almacenes en el País”, señaló PhRMA en un escrito presentado ante la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR). El grupo aseguró que estos requisitos violan el Artículo 13.4, que prohíbe la discriminación contra bienes provenientes de Estados Unidos y el uso de compensaciones como condición para adjudicar contratos.
En vísperas de la revisión del tratado en 2026, la asociación —que también agrupa a la alemana Boehringer Ingelheim y a la francesa Sanofi— criticó los cambios implementados desde 2018 en el sistema de compras públicas de medicamentos durante el gobierno del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador. Según la agrupación, las modificaciones constantes y poco transparentes han derivado en desabasto y afectaciones a la cadena de suministro.
PhRMA advirtió además que los ajustes recientes podrían representar otra violación al Capítulo 13 si México impulsa licitaciones que favorezcan a ciertas empresas. “Estos cambios también podrían conducir al uso de licitaciones públicas limitadas, en contravención del compromiso de México con procedimientos abiertos”, expuso en su documento de 12 páginas.
La asociación señaló que la población mexicana enfrenta un significativo rezago en el acceso a nuevos medicamentos, debido a retrasos en los procesos de aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Mientras en otros países los nuevos tratamientos se incorporan con mayor rapidez, en México la disponibilidad cayó de 20 a 11 por ciento en los últimos cinco años, situándose como la más baja entre las naciones de América Latina y de la OCDE.
De acuerdo con PhRMA, estas demoras también incumplen el Acuerdo Sectorial para Productos Farmacéuticos, previsto en el Capítulo 12 del T-MEC, que exige a los gobiernos otorgar autorizaciones dentro de un plazo razonable.
