La fiscal boliviana Sandra Gutiérrez anunció este jueves que se emitirá una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, quien gobernó Bolivia de 2006 a 2019, para que declare ante el Ministerio Público en el marco de una investigación por trata de personas y estupro. Gutiérrez, fiscal departamental de Tarija, afirmó que se procederá con el mandamiento de aprehensión debido a que Morales y otros investigados han sido debidamente notificados sin vulnerar sus derechos.
La denuncia, que se encuentra en poder de la Fiscalía, sostiene que Morales habría cometido delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo un hijo. La víctima formaba parte de un grupo juvenil creado por Morales durante su presidencia, conocido como “Generación Evo”.
Aunque Morales estaba citado a declarar en Tarija, su defensa presentó un memorial solicitando no asistir, argumentando que existe una sentencia constitucional que establece que el caso debe ser tratado en Cochabamba, donde reside el exmandatario y líder del Movimiento al Socialismo (MAS). Gutiérrez indicó que, además de Morales, otras dos personas también están siendo investigadas y no se presentaron a declarar.
La fiscal subrayó que la incomparecencia de los tres investigados no está justificada, lo que lleva a la necesidad de emitir una orden de aprehensión para que se presenten a declarar. Gutiérrez defendió la legalidad del proceso, desestimando las afirmaciones de Morales y sus abogados sobre la vulneración de derechos.
Por su parte, organizaciones sociales afines a Morales advirtieron que, si se emite la orden de aprehensión, iniciarán un bloqueo nacional de caminos. Morales, distanciado del gobierno de Luis Arce, ha calificado esta situación como una “persecución política” y se ha comprometido a defenderse con el apoyo de más de 200 abogados que han ofrecido su ayuda de forma gratuita.
La denuncia contra el expresidente fue presentada el 26 de septiembre, poco después de que Morales liderara una caminata en La Paz en demanda de diversas reivindicaciones, incluida la validación de un congreso partidario que lo nombró “candidato único” del MAS para las elecciones generales de 2025. El Grupo de Puebla, un foro político de izquierda en América Latina, expresó su preocupación por lo que considera una “campaña de lawfare” en contra de Morales.
