Los fiscales del caso de Joaquín “Chapo” Guzmán presentaron ante la corte de Nueva York un amplio recuento de la evidencia que utilizarían en el juicio, y que describe “guerras” que implicaban a cientos de sicarios en disputa por el control de ciudades.
En un documento de 91 páginas presentado el martes, la fiscalía pide al juez Brian Cogan que acepte una serie de pruebas que respaldarían los 17 cargos por importar y distribuir cocaína en Estados Unidos que enfrenta Guzmán en la corte del distrito este de Nueva York.
La evidencia, que no necesariamente está relacionada de manera directa con los cargos, serviría para respaldar las acusaciones contra Guzmán, de acuerdo con la fiscalía. La evidencia está contenida en 300 mil páginas de documentos.
La fiscalía presentaría pruebas de “actos de violencia”, que incluyen asesinatos, torturas y secuestros de rivales cometidos por el propio Guzmán, pese a que no existen cargos en su contra por estos delitos.
El documento refiere que la rivalidad con la organización de Amado Carrillo Fuentes, un antiguo socio de negocios de Guzmán, “inició una guerra” en Ciudad Juárez en la década pasada.
“La agresiva decisión del acusado por el control de la plaza de Juárez llevó a una violencia sin precedentes y a un asombroso número de muertos, haciendo de Juárez, por un tiempo, la capital del asesinato del mundo”, según el texto.
Asimismo, la “guerra” entre Guzmán y su socio Ismael Mayo Zambada contra el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva incluyó “a cientos de sicarios armados” dedicados a buscar activamente para matarlo a cualquier trabajador de la organización criminal de sus rivales en la ciudad de Culiacán.
“Tiroteos eran frecuentes, la violencia era desenfrenada, y la aparición de cadáveres esparcidos por la ciudad (de Culiacán) era una ocurrencia regular”, apuntó la fiscalía.
El documento argumentó que no solo sus rivales eran las víctimas de Guzmán, sino también todas aquellas personas de quienes sospechaba cooperaban con las autoridades, como en el caso de su primo Juan Guzmán Rocha o “Juancho”, a quien el acusado ordenó asesinar.
Además de evidencia de “actos de violencia” se incluye el escape de la cárcel de parte del acusado, información obtenida mediante grabaciones ocultas e interceptadas, las porciones relevantes de la entrevista que le hiciera el actor Sean Penn, y registros de medicamentos y de pagos de abogados.
La fiscalía también reiteró el derecho del gobierno para que los testigos del gobierno puedan declarar bajo seudónimo y sin que su identidad sea conocida. En el juicio podrían testificar unos 40 testigos.
En el caso además se incluirán evidencia de actividades de tráfico de drogas realizadas por Guzmán antes y después del periodo incluido en la acusación, así como su actividad dirigiendo las operaciones del Cártel de Sinaloa mientras estuvo en la cárcel en México de 1993 a 2001.
El documento ofrece además un panorama de las actividades de Guzmán en relación con sus rivales, que incluyen enfrentamientos con la organización de los hermanos Arellano Félix, de los Beltrán Leyva, y de Los Zetas.
La fiscalía pide también al juez Cogan excluir cierta evidencia del jurado, como porciones irrelevantes de la entrevista con Penn, las labores de caridad de Guzmán en Sinaloa y su supuesta intención de competir por el Senado en México.
Extraditado de México en enero de 2017, Guzmán se declaró inocente de los 17 cargos que se le imputan por tráfico de drogas en Estados Unidos. El juicio está programado para comenzar el 5 de septiembre próximo.
Fuente: https://www.informador.mx
