“La rendición de cuentas es clave para asegurar el derecho de las víctimas a la justicia”, apuntó el director para las Américas de Human Rights Watch.
La organización Human Rights Watch (HRW) instó al Gobierno de Ecuador a investigar y juzgar a los miembros de las fuerzas de seguridad que usaron la fuerza excesiva durante las protestas antigubernamentales, así como a los manifestantes que cometieron actos de violencia graves.
“Las autoridades ecuatorianas deberían llevar a cabo investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales sobre los señalamientos de uso excesivo de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad y de violaciones de las garantías de debido proceso, así como de actos de violencia cometidos por manifestantes”, apuntó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Denunciamos reacción excesiva a protestas violentas en Ecuador. La violencia de ambas partes debe ser rigurosamente investigada. Aquí nuestro comunicado: https://t.co/eJF0CzDYHx pic.twitter.com/8Zq0WsT1zp
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) October 11, 2019
“La rendición de cuentas es clave para asegurar el derecho de las víctimas a la justicia y constituye un eficaz factor de disuasión”, señaló.
Las protestas en Ecuador estallaron el 3 de octubre de 2019, luego de que el presidente Lenín Moreno aprobara medidas de austeridad que eliminaron un subsidio al combustible de 1.300 millones de dólares.
En respuesta, trabajadores, estudiantes y miles de miembros de comunidades indígenas salieron a protestar a las calles, lo cual derivó en días de gran conflictividad social.
Muchos manifestantes han actuado con notoria violencia, arrojando piedras y cócteles Molotov, agrediendo a policías, quemando vehículos militares, saqueando y vandalizando edificios y espacios públicos.
Por su parte, elementos de la policía ecuatoriana han lanzado gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra los manifestantes, en algunos casos en espacios cerrados o desde una distancia suficientemente corta como para provocar lesiones, según testigos entrevistados por la organización defensora de los derechos humanos.
De acuerdo con HRW, las autoridades ecuatorianas habían detenido a más de 1,000 personas y que algunos detenidos no pudieron contactarse con familiares ni entrevistarse con abogados.
