El juicio por la llamada “ruta del dinero Kirchner” comenzó en Buenos Aires, Argentina, con el empresario Lázaro Báez, sus cuatro hijos, y otra veintena de imputados, en el banquillo de los acusados, por presunto lavado de dinero proveniente de la obra pública durante los Gobiernos de Néstor Carlos Kirchner y su sucesora y viuda, Cristina Fernández (2003-2015).
En la causa se investigan delitos de lavado de dinero y encubrimiento por haber montado, supuestamente entre 2010 y 2013, una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de al menos 60 millones de dólares.
El caso se trata de uno de más relevantes expedientes en los que se investigan los negocios que Néstor Kirchner y Cristina Fernández hicieron con empresarios de obra pública, entre los que se encontraba Báez, colaborador del exmandatario desde que este era gobernador de la provincia de Santa Cruz (1991-2003).
No obstante, el punto de mira está puesto en el dinero obtenido por los contratos de obras en Santa Cruz adjudicados a las empresas de construcción del Grupo Austral, propiedad de Báez.
La “ruta del dinero K”, como también es conocida la causa, comenzó a investigarse en 2013, todavía con Fernández en el poder, aunque el puntapié definitivo llegó en marzo de 2016, ya con Mauricio Macri en la Presidencia y después de que un canal de televisión difundiera imágenes que mostraban a Martín Báez, hijo del contratista, contando grandes sumas de dinero en las oficinas de una financiera en Buenos Aires.
Por estos hechos, el pasado septiembre la expresidenta argentina y actual senadora Cristina Fernández debió acudir a declarar como imputada. La viuda de Kirchner, que está procesada en seis causas, la mayoría por corrupción, y pesan sobre ella dos órdenes de detención.
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