Una jueza federal en Massachusetts, Allison Burroughs, emitió una orden de restricción temporal que impide la aplicación de la reciente proclamación del presidente Donald Trump, la cual prohibía la entrada a Estados Unidos de estudiantes internacionales admitidos en la Universidad de Harvard. La magistrada argumentó que la medida presidencial causaría “daños inmediatos e irreparables” a la institución académica.
La proclamación de Trump, firmada el 4 de junio de 2025, suspendía por seis meses la emisión de visados F, M y J para nuevos estudiantes extranjeros que planeaban iniciar estudios en Harvard. Además, instruía al Departamento de Estado a considerar la revocación de visados ya otorgados a estudiantes internacionales actualmente matriculados en la universidad.
El gobierno justificó la medida alegando preocupaciones de seguridad nacional, acusaciones de antisemitismo en el campus y supuestos vínculos de Harvard con gobiernos extranjeros, particularmente China. Sin embargo, la universidad calificó la acción como una represalia ilegal que viola sus derechos constitucionales, específicamente la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.
Harvard presentó una demanda argumentando que la prohibición era parte de una “campaña concertada” del gobierno federal para castigar a la institución por ejercer su libertad académica. La jueza Burroughs ya había bloqueado previamente intentos del Departamento de Seguridad Nacional de revocar la certificación de Harvard para inscribir a estudiantes extranjeros.
Actualmente, aproximadamente el 27% de los estudiantes de Harvard son internacionales, lo que representa una parte significativa de su comunidad académica y de sus ingresos por matrículas. La orden judicial permite que estos estudiantes continúen con sus planes académicos mientras se resuelve el litigio en curso.
