La legislatura boliviana aprobó una polémica ley que autoriza el uso del dióxido de cloro como tratamiento contra el COVID-19, aunque habrá que ver si el gobierno de la presidenta interina, Jeanine Áñez, la pondrá en vigencia en medio de una profunda pugna de poderes en el país andino.
Poco antes de la aprobación, el ministro de la presidencia, Yerko Núñez, adelantó que el gobierno analizará la legalidad de la norma y consultará a expertos antes de la posibilidad de promulgarla. Sin embargo, el solo hecho de debatir la iniciativa en legislativo abrió la venta del producto, incluso, con ofrecimientos hasta en las redes sociales.
El senador Milton Barónes, quien es uno de los impulsores de la ley e integrante del Movimiento al Socialismo (MAS) -el partido del exiliado ex presidente Evo Morales-, explicó que el uso del dióxido de cloro “está sujeto a la decisión del ciudadano o ciudadana que quiera acudir a esa alternativa”.
“No es obligatorio”, subrayó Barónes ante el rechazo que desató la norma en médicos y organizaciones científicas del país.
La norma señala que “las y los ciudadanos… podrán utilizar la Solución de Dióxido de Cloro, como medio alternativo, para prevenir o tratar la infección y las consecuencias provocadas por el coronavirus”, indica un boletín del Senado.
Agrega que la compra del producto no requerirá receta médica y que su aplicación debe hacerse “bajo consentimiento informado del paciente”.
Los legisladores tomaron en cuenta testimonios de gente que dice haber vencido al contagio con el producto y consejos de algunos médicos convencidos.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) han desaconsejado el uso del compuesto ante la falta de evidencia científica.
La administración de Áñez se ha opuesto a esa iniciativa, por lo que no estaba claro si la mandataria promulgará la norma o la dejará en el limbo.
En los últimos meses el Ejecutivo no promulgó leyes aprobadas por el Legislativo, cuya mayoría está controlada por el MAS. A su vez, los legisladores se niegan a ratificar créditos internacionales que reclama el gobierno, entre ellos uno del Fondo Monetario Internacional (FMI) destinado a combatir la pandemia del nuevo coronavirus.
La lucha de poderes profundizó la crisis política del país y amenaza con agravar la emergencia sanitaria. Sindicatos afines a Morales mantienen cortes de ruta en gran parte del país desde el lunes en rechazo al aplazamiento de los comicios presidenciales hasta el 18 de octubre.
Bolivia reportaba hasta el sábado 87 mil 891 casos positivos de coronavirus y tres mil 524 decesos.
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