Los militares colombianos tomaron la decisión inédita de abrir sus archivos a la Comisión de la Verdad, creada luego de firmar la paz con la guerrilla más antigua del continente, y que se encarga de esclarecer lo sucedido a lo largo de cinco décadas de conflicto armado, informó la revista Semana.
Salvando las limitaciones legales que pesan sobre esos archivos, se espera que la comisión pueda determinar el origen o las consecuencias de varias de las acciones armadas que golpearon a Colombia durante los largos años de la guerra interna.
Pero aunque el análisis de los archivos militares resultan primordiales para asignar responsabilidades en la ejecución de hechos criminales, la comisión ha explicado que su trabajo no es incriminatorio, sino que apunta al resarcimiento de las víctimas de todos los lados involucrados en la guerra.
La otra parte
Para Ginny Katherine Alba, secretaria técnica de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la sola posibilidad de estudiar los archivos militares constituye un hito histórico para su país.
“Significa que una parte importante de la historia, hasta ahora vetada para los colombianos, comenzaría a esclarecerse”, lo que no es poca cosa, dijo la activista en entrevista, pues se trata de “uno de los actores armados, que además es sujeto activo de muchos de los eventos victimizantes que han tenido lugar en nuestro país”.
Para Alba, las Fuerzas Armadas “son parte de una verdad que, sin lugar a dudas, resulta más cruenta y compleja”, dado su rol constitucional de fuerza pública y porque en la mayoría de los casos “ha soslayado la verdad que hemos venido denunciando”.
La también abogada recordó que los pueblos indígenas han padecido “el flagelo del conflicto armado en todas sus formas y reconfiguraciones”.
El post conflicto
Tras la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 24 de noviembre de 2016, varios grupos de defensa de los derechos humanos, indígenas y de los excombatientes, denuncian que la violencia estatal no ha cesado.
Según el recuento de la comisión de derechos humanos del partido político formado por los guerrilleros, al menos “32 excombatientes de las FARC han sido asesinados”, pero también 12 de sus familiares.
Los pueblos indígenas va más allá, aseguran que durante el presente año, “182 líderes indígenas y sociales (fueron) acallados violentamente por defender los territorios y la vida plena de las comunidades”.
Para las organizaciones sociales de Colombia, que denuncian la participación de efectivos militares en estos casos, existe un denominador común alrededor de los asesinatos: La impunidad.
El papel del Estado
De allí que el estudio de los archivos militares también puede contribuir a señalar a los responsables de crímenes cometidos en la era post guerra, comentó Diana Nocua, secretaria técnica de la Comisión de Derechos Humanos de la organización Marcha Patriótica.
“Al revisar esos archivos se develará la participación directa del Estado en crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los Derechos Humanos cometidos bajo la doctrina del ‘enemigo interno’ que se posicionó institucionalmente en Colombia desde los años 60”, dijo la abogada en entrevista.
No obstante, precisa, que el “libre acceso a los archivos”, dependerá única y exclusivamente de la “voluntad del Estado”.
Las organizaciones de derechos humanos celebran la iniciativa pero se muestran cautelosas, ya que debido a experiencias anteriores “dudo que un acceso total sea tan fácil”, puntualizó Diana Nocua.
Fuente: actualidad.rt.com
