La desorganización y la angustia se han apoderado de la remota localidad amazónica de Altamira, en cuya cárcel se ha registrado la peor matanza en un penal brasileño desde 1992 con más de 50 víctimas, mientras el número de muertos aumenta en medio de una cruenta guerra entre bandas criminales.
Las autoridades informaron este miércoles que otros cuatro reclusos involucrados en la matanza fueron asesinados por asfixia la noche del martes, cuando eran transferidos en un furgón a otra prisión de la región, por lo que el número de la tragedia asciende a un total de 62 fallecidos.
Los agentes solo se dieron cuenta de los cuatro homicidios cuando abrieron las puertas del vehículo, que trasladaba a 30 reclusos, a la altura de la localidad de Marabá, a unos 500 kilómetros de distancia de Altamira y punto intermedio antes de llegar a su destino final, Belém, capital regional del estado de Pará.
El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, quitó hierro a este último suceso (“son problemas que pasan”) y dijo que, a pesar de que las escenas de la tragedia de Altamira son “horrorosas”, también lo son los crímenes que cometieron los reclusos fallecidos “contra personas humildes e indefensas”.
Entre las medidas para intentar resolver esta crisis, la Gobernación de Pará anunció este miércoles que tendrá disponibles cinco unidades penitenciarias nuevas hasta final de año.
Mientras, los familiares de las 58 víctimas del penal, de las cuales 16 víctimas de fueron decapitadas, exigen respuestas y el fin de los decesos en las prisiones, que entraña una guerra abierta por el control del tráfico de drogas entre las dos mayores facciones criminales del país: el Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV).
Los allegados se agolpan a las puertas del Instituto Forense de Altamira y están indignados. Denuncian la falta de organización a la hora de identificar los cuerpos.
Elciane Santos relata que perdió a un hermano de 26 años en la sangrienta matanza. Su cuerpo ya estaba preparado para ser enterrado, pero al abrir el ataúd vieron que no era él.
Preso hace cinco años por homicidio, su hermana desconoce si “formaba parte de una facción”, pero cuenta que desde que ingresó en el penal de Altamira, en el estado de Pará, empezó a pintarse de rojo todos los tatuajes que cubrían su piel.
De acuerdo con las investigaciones, el ataque del lunes fue orquestado por miembros del Comando Clase A (CCA) contra integrantes de Comando Vermelho (Comando Rojo, CV).
Son dos de las organizaciones en el complejo tablero del crimen organizado que se expande peligrosamente por Brasil.
PCC, FDN (Familia do Norte), Okaida, Familia Monstruo o Unión del Norte, son otros de los actores de un total de 70, según estimaciones oficiales.
Las dos más influyentes son el PCC, nacida en las cárceles de Sao Paulo y presente prácticamente en los 27 estados de Brasil, y Comando Vermelho (CV), con origen en Río de Janeiro y en guerra con la primera.
“Lo que está ocurriendo es una disputa de la ruta del tráfico en el norte de Brasil”, analiza Rafael Alcadipani, profesor del área Seguridad Pública del centro de estudios Fundación Getulio Vargas.
Según la investigación, el salvaje ataque de Comando Clase A tenía como objetivo frenar el dominio del narcotráfico que ejerce en la región Comando Vermelho.
Aunque no está completamente confirmado, hay indicios de que Comando Clase A ha intentando una aproximación con el poderoso PCC.
Según Alcadipani, el PCC tiene el control de la llamada “ruta caipira”, que parte desde el estado de Mato Grosso (centro-oeste) y va hasta Sao Paulo (sudeste), donde la cocaína se exporta a Europa.
Pero ahora “está intentando asumir el control” de la ruta amazónica, que supuestamente está en manos del Comando Vermelho y de la FDN.
En esa zona los traficantes usan ríos como el Solimoes, el Japurá, el Negro o el Iça para trasladar la droga, procedente de Colombia, Perú y Bolivia, hasta el litoral del nordeste de Brasil, más próximo de Europa que la ruta del sureste.
La de Altamira fue la segunda gran matanza en una cárcel brasileña en apenas dos meses, después de la otra registrada a finales de mayo en el vecino estado de Amazonas, en otro enfrentamiento entre integrantes de Familia do Norte que dejó 55 muertos.
A esas dos se suman las registradas a principios de 2017, motivadas igualmente por la lucha entre facciones, que dejaron cerca de 150 muertos en los sistemas penitenciarios de los estados de Amazonas, Rio Grande do Norte, Roraima, Paraíba y Alagoas, entre otros.
La estrategia del Gobierno central para atajar esta crisis ha sido montar fuerzas especiales con policías de elite para intervenir dentro de los presidios, y transferir a otras unidades a los presos y líderes de estas bandas.
“Es una situación humillante. Entré al penal y no vi ninguna seguridad. Me gustaría hacer un llamado a nuestras autoridades para que miren por el pueblo con buenos ojos, no solo estamos para votar”, denuncia José Gilson, cuyo hijo está preso en el penal de Altamira.
Por suerte su hijo consiguió sobrevivir a una tragedia que este miércoles se ha hecho patente en el cementerio Sao Sebastiao, a unos cuatro kilómetros de Altamira, donde seis trabajadores con dos tractores abrieron 35 fosas para enterrar a varias de las víctimas.
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