El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, declaró como inconstitucional que el presidente, Nicolás Maduro, siga en su cargo a partir del 10 de enero de 2019, cuando le correspondería iniciar el nuevo periodo presidencial, y pidió elecciones generales con condiciones democráticas.
El Legislativo hizo esa declaración debido a que consideran como fraudulenta la elección del pasado mayo, cuando la mayoría de los partidos políticos de oposición no participaron por, entre otros motivos, estar inhabilitados y en la que resultó reelegido Maduro.
El documento señala que procurarán “junto a la comunidad internacional” una “solución política que conlleve” a “condiciones electorales democráticas, de modo que sean posibles unas elecciones generales”.
Concretamente piden comicios en los que puedan participar libremente los inhabilitados y exiliados políticos y con un Consejo Electoral equilibrado, “en fecha y condiciones que garanticen el derecho a elegir de los venezolanos, bajo observación nacional e internacional calificada e independiente”.
Se solicita además la disolución de la “espuria” Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano constituido solo por partidarios a Maduro.
También se pide la restitución del Estado de derecho y de los poderes del Parlamento que fue despojado de sus competencias constitucionales, apenas fue electo, por un supuesto desacato al Supremo que ordenó la destitución de tres diputados indígenas por un “fraude” en su elección durante 2015.
El caso del supuesto fraude sigue sin resolverse a casi tres años de la elección parlamentaria y nunca se convocaron nuevas votaciones para elegir nuevamente a la representación indígena.
La mayoría de las peticiones contenidas en este acuerdo son las mismas demandas que hizo la oposición hace un año cuando acudió a un proceso de diálogo con el Gobierno, sin tener éxito.
Migrantes son reubicados en un campamento en Bogotá
Decenas de migrantes venezolanos, castigados por la crisis en su país, comenzaron a instalarse en un campamento preparado por la alcaldía de Bogotá, aunque su reubicación generó protestas entre vecinos.
Un primer grupo de 80 de migrantes se acogió voluntariamente al plan de las autoridades de la capital colombiana, tras vivir durante meses casi que a la intemperie en un asentamiento próximo a la principal terminal de autobuses de Bogotá.
“Allá se nos dijo que íbamos a tener luz, agua y gas. Aquí veo que no hay luz, no hay agua, no hay gas, no hay nada”, dijo Elsy Rojas, quien abandonó Venezuela con su hija pequeña y su marido. “Nos están como acorralando, presionando para que uno tome la decisión de irse rápido”, añadió.
Además, los venezolanos enfrentaron el repudio a gritos de algunos vecinos, que alertaban sobre el eventual deterioro de la seguridad.
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