La política de ciudades santuario ha derivado en un abierto enfrentamiento con el presidente Donald Trump, quién busca imponer la autoridad del gobierno federal sobre esas jurisdicciones en aras de reafirmar su política migratoria, y cuyo desenlace podría ser decidido por la Suprema Corte de Justicia.
El debate se revivió el pasado 30 de noviembre después que un jurado en San Francisco declaró inocente al inmigrante indocumentado mexicano José Inéz García Zárate, quien fue acusado de haber disparado contra la joven estadounidense Kate Steinle.
Steinle, de 32 años de edad, murió a consecuencia de un disparo de arma de fuego, en hechos ocurridos el 1 de julio pasado, cuando caminaba por un muelle de San Francisco con su padre y un amigo.
El caso fue politizado tras revelarse que el inmigrante mexicano había sido deportado cinco veces y cumplió condena en la prisión federal por volver a ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
Tres meses antes del incidente que costó la vida a Steinie, el mexicano había sido liberado de la cárcel de San Francisco, pese a una solicitud de las autoridades federales de inmigración para detenerlo por nuevos procedimientos de deportación, debido a la política de cuidad santuario adoptada por esa municipalidad.
Semanas después el Departamento de Justicia anunció que detendría los fondos de un popular programa de donaciones para departamentos de policía, cuando las autoridades estatales y locales no cooperen con el gobierno federal, dando acceso a sus cárceles y notificando con 48 horas de anticipación antes de liberar a un inmigrante indocumentado buscado por la justicia.
En septiembre pasado, un juez de la ciudad de Chicago emitió una orden válida en todo Estados Unidos a fin de evitar que el gobierno federal pueda retener recursos a las ciudades santuarios, o aquellas que protegen a inmigrantes sin documentos.
La orden derivó de la demanda de la ciudad de Chicago contra el procurador general Jeff Sessions luego del anuncio de julio, pero fue apelada por la administración Trump.
Sin embargo en noviembre, un juez federal bloqueó de manera permanente la orden ejecutiva de Trump al amparo de la cual el Departamento de Justicia hizo su anuncio oficial, como consecuencia de otra demanda presentada por los condados de San Francisco y Santa Clara, California.
Las ciudades santuario forman parte de un movimiento iniciado en Los Ángeles en 1979 luego que la ciudad emitió la Orden Especial 40, que prohibió a sus agentes policiales inquirir sobre el estatus migratorio de un persona detenida.
Desde entonces, un total de 364 condados y 39 ciudades, incluidas algunas de las más grandes de Estados Unidos como Nueva York, San Francisco, Washington DC, Miami, Seattle, Chicago, Baltimore, Sacramento y Filadelfia, han aprobado ordenanzas similares.
Aunque los edictos de cada ciudad o condados tienen efectos diferentes, las ciudades santuario rechazan en general entregar a las autoridades a inmigrantes que sólo cometieron la falta administrativa de ingresar ilegalmente al país, pues no se considera un delito grave.
Las ciudades santuario han rechazado desde 2014 más de 17 mil peticiones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para permitir a las autoridades retener a un detenido durante 48 horas adicionales para decidir si es acusado formalmente o deportado.
Este jaloneo legal ha dado lugar a un debate que podría llegar a la Suprema Corte de Justicia, y cuyo potencial desenlace ha generado diversas interpretaciones, aunque los precedentes legales parecen anticipar un revés para el gobierno.
Bill Ong Hing, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco, escribió semanas atrás que las políticas de ciudad santuario son claramente constitucionales “siempre y cuando las comunidades que opten por no preguntar el estatus migratorio de los detenidos, no impidan comunicaciones voluntarias y observen otros requisitos federales de cooperación”.
Por separado, los expertos constitucionales, David Rivkin y Elizabeth Price Foley, señalaron dos fallos en 1992 y 1997, en los que la Suprema Corte de Justicia concluyó que el gobierno federal no puede compeler a los gobiernos estatales o locales a hacer cumplir leyes federales.
Hicieron notar que en el caso de Arizona, de 2012, la Corte Suprema determinó que “el proceso de deportación se confía a la discreción del gobierno federal” porque “toca las relaciones exteriores y debe hacerse con una sola voz”.
Fuente: http://aristeguinoticias.com
