Perú: Vizcarra recibe 14 años de cárcel por sobornos

El expresidente fue hallado culpable de aceptar pagos ilícitos por obras cuando gobernó Moquegua.

Lima, Perú. Un tribunal peruano condenó al expresidente Martín Vizcarra a 14 años de prisión por recibir sobornos cuando se desempeñó como Gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014. La sentencia se suma a una larga lista de escándalos de corrupción que han llevado a varios exmandatarios del país a enfrentar procesos penales o a permanecer en prisión.

De acuerdo con la resolución judicial, Vizcarra aceptó sobornos equivalentes a 676 mil dólares por parte de empresas constructoras, a cambio de adjudicarles dos obras públicas durante su gestión regional. La jueza que leyó el fallo sostuvo que las pruebas fueron suficientes para acreditar los hechos.

El exmandatario, de 62 años, negó los cargos desde el inicio del proceso —que comenzó en octubre del año pasado— y aseguró ser víctima de persecución política. Vizcarra llegó a la Presidencia en 2018 tras la renuncia de su antecesor, pero fue destituido en 2020 por el Congreso mientras avanzaban investigaciones en su contra.

La sentencia también ocurre en un contexto político marcado por la inestabilidad. Perú ha tenido seis presidentes desde 2018, producto de renuncias, destituciones y crisis derivadas de acusaciones por corrupción. Actualmente, tres exjefes de Estado están en prisión: Alejandro Toledo, condenado en dos procesos; Ollanta Humala, con una pena de 15 años por lavado de activos; y Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva por el caso de presunta rebelión.

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En el ámbito político, el hermano mayor del exmandatario, Mario Vizcarra, ha anunciado su intención de competir por la Presidencia en abril de 2026 bajo el partido Perú Primero, en el que el propio expresidente figura como principal asesor. Vizcarra, pese a haber sido el candidato legislativo más votado en 2021, fue inhabilitado por 10 años luego de que el Congreso lo sancionara por haber ordenado el cierre del Parlamento en 2019.

La condena profundiza el clima de desconfianza hacia la clase política peruana y reaviva el debate sobre la corrupción en los más altos niveles del poder público.

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