El Gobierno de Venezuela decretó la reducción de la jornada laboral y la suspensión de clases por el agravamiento de los apagones que se acentuaron en el país petrolero desde el pasado 7 de marzo.
“Para conseguir consistencia en la prestación del servicio eléctrico, el Gobierno bolivariano decide mantener suspendidas las actividades escolares y establece jornada laboral diaria hasta las dos de la tarde en instituciones públicas y privadas”, informó el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, en un comunicado leído en la televisión gubernamental.
Varias manifestaciones se produjeron en Caracas por los recurrentes cortes eléctricos que han afectado en especial las regiones del interior del país.
Manifestantes y miembros de Organismos No Gubernamentales (ONG) de derechos humanos denunciaron que colectivos chavistas reprimieron algunas de las protestas.
El presidente Nicolás Maduro, quien suele achacar los apagones a sabotajes, dio luz verde a los grupos civiles que lo respaldan para contener las protestas que tilda de “guarimbas violentas” para derrocarlo.
Joaquín Rodríguez, un abogado de 54 años, golpeaba con dos envases de plástico durante una manifestación en Los Palos Grandes, otrora acomodada zona de Caracas que sufre los rigores de las fallas eléctricas desde hace una década.
“Nuevamente un apagón nacional nos está afectando nuestra calidad de vida, no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos internet, no tenemos teléfonos, estamos incomunicados, hemos llegado a lo peor que hemos podido imaginar”, narró.
El Gobierno socialista reiteró que atentados “terroristas” han dañado la central hidroeléctrica de Guri, que genera 80% de la energía eléctrica en Venezuela.
Hasta ahora el Gobierno ha responsabilizado a la oposición venezolana y a la administración de Estados Unidos por “atacar” el sistema eléctrico con métodos electromagnéticos, mecánicos, fusil de larga distancia e incendios.
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