El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció ayer que su gobierno está listo para un diálogo nacional después de días de protestas que han provocado al menos 24 muertos, 87 desaparecidos y condenas de la comunidad internacional por el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes.
Las protestas, que hoy cumplen una semana, fueron convocadas originalmente en oposición a una reforma fiscal que incrementaba los impuestos, pero se convirtieron en un amplio grito contra la pobreza, el desempleo y lo que manifestantes y algunos grupos de derechos consideran como un uso excesivo de la fuerza policiaca.
Aunque el presidente retiró la iniciativa, ayer por la tarde había bloqueos en las carreteras de los departamentos de Cundinamarca, Meta y Quindío en la zona centro del país.
También hubo manifestaciones en Bogotá y Cali, tercera ciudad más importante del país, que se convirtió en el epicentro de las protestas con actos de vandalismo y enfrentamientos entre manifestantes y la policía, donde se reportan 11 de las 19 muertes que contabilizó la Defensoría del Pueblo hasta el lunes.
“Instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones. No deben mediar diferencias ideológicas, sino un profundo patriotismo. Es vital contar con todas las instituciones, los partidos, el sector privado, los gobernadores, los alcaldes, y los líderes de la sociedad civil”, aseguró Duque.
El diálogo comenzará hoy, aseguró el mandatario, con una reunión de “la institucionalidad” de Colombia, que contará con la presencia “de representantes de las cortes, los entes de control, la Fiscalía, los presidentes de Senado y la Cámara de Diputados”. Indicó que los resultados de las reuniones “se traducirán en iniciativas que podamos articular rápidamente el gobierno nacional y los gobiernos locales”.
El mandatario recalcó que los objetivos de este encuentro incluyen rechazar la violencia en todas sus formas, acelerar el plan de vacunación contra el Covid-19, asegurar los recursos para continuar los programas sociales y la protección de los más vulnerables, además de potencializar la reactivación económica. “Mi deber es convocar al país”, indicó.
El anuncio de Duque recordó el llamado en 2019 a los sindicatos a un diálogo nacional después de días de protestas contra su gobierno.
Los grupos de la sociedad civil, principalmente los sindicatos, aseguran que el gobierno incumplió esa promesa de diálogo y ha hecho poco para cambiar las profundas desigualdades sociales.
La convocatoria al diálogo responde al llamado de varios mandatarios regionales y locales a Duque por los efectos que han tenido los siete días consecutivos de protestas sociales, a las que se han sumado comunidades de colombianos en el exterior, como sucedió ayer en Quito y Buenos Aires.
El Comité Nacional de Paro anunció que el retiro del proyecto tributario no desactiva las protestas y llamó a una nueva marcha hoy en rechazo a una reforma al sistema de salud, así como implementar la renta básica de manera inmediata, desmilitarizar campos y ciudades, cumplir los acuerdos de paz firmados con la desarticuladas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y desmantelar a las organizaciones paramilitares y criminales.
ONG, líderes civiles y ciudadanos han publicado en redes sociales la brutalidad en las protestas de la policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios y la fuerza de reserva, que han causado muertes –sólo 19 reconocidas por el gobierno–, cientos de agresiones físicas que han provocado mutilaciones, disparos de gas lacrimógeno, la desaparición de manifestantes, detonaciones de armas reales y hasta violencia sexual.
La Defensoría del Pueblo indicó que 87 personas han desaparecido y estimó que 238 mil se han manifestado desde el pasado 28 de abril en las principales ciudades del país.
La Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos y España, denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza de la policía de Colombia para controlar las protestas.
Los enfrentamientos entre civiles y la fuerza pública han mantenido un escenario de inseguridad en varias ciudades, de manera especial en el distrito de Cali, capital del departamento Valle del Cauca, donde ayer se reportaron cinco muertos a manos de las autoridades, el incendio del hotel La Luna y saqueos.
La gobernadora Clara Luz Roldán y Jorge Iván Ospina, alcalde del distrito, pidieron al presidente llamar al diálogo porque, además de la violencia, varios municipios de Valle de Cauca carecen de combustible, víveres e insumos médicos para los hospitalizados por Covid-19.
Los senadores Iván Cepeda y Wilson Arias, con el apoyo de otros 16 congresistas, impulsaron una propuesta de debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte “por asuntos relacionados con las funciones propias de su cargo como lo contempla el artículo 6 de la Constitución Política, el trato de guerra que se le ha dado a la movilización social y la situación de orden público”.
Los cantantes Shakira, Residente y J Balvin denunciaron, por separado, la “violación a los derechos humanos” cometida por las autoridades contra los inconformes, y pedieron al gobierno restituir la paz.
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, repudió los señalamientos del ex presidente colombiano Álvaro Uribe sobre el gobierno de la república bolivariana, y lo señaló de narcosicario por instar a militarizar las calles y disparar a los manifestantes en las protestas.
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