El Gobierno de Chile informó este jueves que la cifra de fallecidos durante las casi cuatro semanas de protestas en el país alcanzó las 22 personas, seis de ellas ciudadanos extranjeros.
El balance presentado hoy por las autoridades, que registra los hechos ocurridos en las últimas 24 horas, confirma el hallazgo de un cadáver en el interior de un supermercado que fue incendiado en el norte del país.
“Las policías informaron del fallecimiento de una persona, cuyo cadáver fue encontrado calcinado al interior de un supermercado Líder, el que fue incendiado y saqueado en la ciudad de Arica (en la frontera con Perú) durante la noche del 12 de noviembre”, explicaron a través de un comunicado.
Con esta actualización la cifra de muertos ya supera la veintena en menos de un mes y del total de fallecimientos, cinco de ellos ocurrieron presuntamente a manos de agentes del Estado, ya sean policías o militares, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
En cuanto a los extranjeros que perecieron en el marco de las protestas, tres de los fallecidos son de nacionalidad peruana, dos colombianos y uno ecuatoriano.
Además de las víctimas fatales, según las cifras del ente de derechos humanos, que monitorea las protestas en la calle, hospitales y comisarías, los heridos ya suman dos mil 209.
Más de la mitad de las lesiones se producen a causa de los disparos de agentes del Estado, siendo los más graves los 209 casos de traumas oculares por los impactos de balines de goma, perdigones o bombas lacrimógenas percutidos hacia el rostro de los manifestantes.
Por su parte, los detenidos son seis mil 046 hasta la fecha, según el INDH, que ha constatado testimonios de detenciones ilegales, palizas, torturas y violaciones a los derechos humanos de los retenidos durante las protestas.
Por estos motivos, el organismo ha presentado 319 acciones judiciales en favor de 472 víctimas, principalmente querellas contra el actuar de Carabineros.
El alza en el precio del pasaje del metro de Santiago fue la chispa que prendió un estallido social sin precedentes desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) que busca acabar con la desigualdad de un modelo económico neoliberal y garantizar derechos fundamentales como salud, pensiones o educación.
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