Washington D. C., Estados Unidos.- El Presidente Donald Trump convocó para este lunes al Consejo de Seguridad Nacional con el fin de revisar la situación de Venezuela, en un contexto marcado por el aumento de tensiones entre Washington y Caracas y por un despliegue militar estadounidense sin precedentes en el Caribe.
Estados Unidos movilizó el portaaviones más grande del mundo, acompañado de buques de guerra, aeronaves de combate y miles de tropas, bajo el argumento de reforzar operaciones contra el narcotráfico. El Mandatario venezolano Nicolás Maduro sostiene, en cambio, que el objetivo real de la Casa Blanca es derrocar a su gobierno.
La reunión ocurre un día después de que Trump confirmara que sostuvo una conversación telefónica con Maduro, aunque ninguno ha revelado detalles del intercambio.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, evitó responder si el Presidente ha tomado una decisión definitiva sobre una posible intervención militar, e incluso dejó abierta la puerta a un despliegue terrestre en territorio venezolano.
“Hay opciones disponibles para el Presidente”, declaró, subrayando que será Trump quien decida los pasos a seguir.
Mientras tanto, en Caracas, Maduro encabezó una marcha multitudinaria en defensa de la soberanía venezolana.
“Nacimos para vencer y no para ser vencidos”, proclamó. “Queremos paz, pero una paz con soberanía, con igualdad, con libertad”.
Escalada militar y muertes en el Caribe
El encuentro en la Casa Blanca coincide con nuevas críticas a las operaciones estadounidenses en el Caribe, que han dejado al menos 83 muertos tras el bombardeo de más de 20 embarcaciones identificadas por Washington como “narcolanchas”.
Hasta ahora, Estados Unidos no ha presentado evidencia pública que confirme que los blancos estaban vinculados al tráfico de drogas.
Las tensiones aumentaron aún más después de que Trump proclamara que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse “totalmente cerrado”, lo que llevó a seis aerolíneas a suspender sus vuelos hacia ese país.
Además, reportes de prensa revelaron que en un ataque del 2 de septiembre, dos sobrevivientes de una embarcación fueron abatidos posteriormente para cumplir órdenes del Secretario de Defensa, Pete Hegseth. La Casa Blanca defendió la decisión.
“El almirante responsable actuó dentro de su autoridad para garantizar que la amenaza fuera eliminada”, afirmó Leavitt, confirmando que la operación contó con el aval del Pentágono.
Legalidad cuestionada
Críticos de las operaciones sostienen que los bombardeos equivalen a ejecuciones extrajudiciales, aun si los objetivos fueran traficantes conocidos. Sin embargo, Hegseth insiste en que se actuó conforme a la ley:
La ofensiva, dijo, “está en cumplimiento del derecho de conflicto armado y aprobada por los mejores abogados militares y civiles”.
