El primer año de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo marcado por un grave retroceso en las funciones del gobierno para proteger y promover una amplia gama de derechos humanos, consideró la organización civil Human Rights Watch (HRW).
En un informe anual sobre derechos humanos en 2017, el organismo apuntó que el gobierno de Trump realizó cambios de política que perjudican a refugiados e inmigrantes, menoscabando la rendición de cuentas de la policía por abuso, y restringen los derechos de las mujeres.
“El gobierno de Trump ha promovido políticas que colocan a las personas vulnerables en mayor peligro, y quebrantan las protecciones constitucionales que ofrecen los derechos humanos a todos”, dijo la directora del programa de Estados Unidos de HRW, Alison Parker.
Añadió que “las personas más propensas a sufrir abusos a menudo son las que tienen menos posibilidades de defender sus derechos ante los tribunales o a través del proceso político y deben ser protegidas, no convertidas en objetivo de políticas abusivas”.
En el informe, HRW destacó que cuando líderes políticos fueron apoyados por un público movilizado y actores multilaterales que actuaron con eficacia, es posible evitar el ascenso de gobiernos que desprecian los derechos o contrarrestar estas políticas.
El documento resaltó que las políticas de Trump han convertido a todos los inmigrantes en blanco de deportación.
Indicó que el gobierno amplió los abusivos procedimientos de expulsión acelerada y los procesos penales por delitos de inmigración y tomó medidas para aumentar la detención prolongada de inmigrantes.
Trump también derogó el programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), lo que coloca a cientos de miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en su niñez en riesgo de deportación.
Asimismo, la Casa Blanca publicó principios y políticas de inmigración que debilitarían la protección para los niños migrantes y refugiados.
La Casa Blanca y el Departamento de Justicia han reducido los esfuerzos para monitorear los Departamentos de Policía locales involucrados en abusos sistémicos, incluyendo la suspensión de investigaciones y el monitoreo de Departamentos de Policía locales.
El gobierno de Trump ha manifestado la intención de volver a intensificar la desastrosa e ineficaz guerra contra las drogas.
El actual gobierno revocó importantes protecciones de los derechos de las mujeres con una orden ejecutiva que permitió a más empleadores y aseguradores presentar objeciones al mandato de cobertura de anticonceptivos de la Ley para la Atención de la Salud Asequible.
Asimismo, la Casa Blanca anunció que eliminaría una iniciativa de igualdad salarial, cuya entrada en vigor estaba planeada para 2018, y que desglosaría la compensación a empleados por raza, etnia y género dentro de las agencias que supervisan la aplicación de los derechos civiles.
Las políticas y declaraciones del gobierno de Trump también amenazaron o menoscabaron los derechos humanos de otras maneras, como por la reticencia del presidente a repudiar a los grupos de odio, lo que podría alentar una conducta discriminatoria y racista.
También afectan los derechos las reiteradas denuncias de Trump de que los periodistas son deshonestos y que tienen una agenda en su contra, además de los comentarios y videos que los denigran, generan inquietudes sobre un efecto de relajación de la libertad de expresión.
El repentino despido por parte de Trump del director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, y sus críticas a los jueces que han bloqueado algunas de las acciones de su gobierno corren el riesgo de socavar el estado de derecho y el control sobre el poder presidencial.
Otras acciones del gobierno contrarias a los derecho humanos son las medidas que afectan a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT).
HRW condenó la política de ataques con drones fuera de las zonas de guerra convencionales, que permite ataques contra sospechosos de terrorismo de menor nivel en más países, con menos supervisión y mayor secretismo.
“Trump debe abandonar sus políticas abusivas y discriminatorias y respetar los derechos de todos”, exigió Parker.
Fuente: http://aristeguinoticias.com
