La organización civil Data Cívica ha informado que 2024 se ha convertido en el año con más casos de violencia política de corte criminal en México, registrando 617 incidentes hasta noviembre. Esta cifra supera los 570 documentados en todo 2023, según la última actualización del informe ‘Votar entre balas’.
La ONG alertó que “el 2024 se posiciona como el año más violento contra personas en la política, seguido de 2023”. Entre los estados más afectados, Sinaloa destaca con 11 de los 45 registros de violencia a nivel nacional en noviembre, perpetrados por la delincuencia organizada.
Data Cívica señaló que, históricamente, Sinaloa había registrado menos de un caso al mes de este tipo de violencia. Sin embargo, el aumento de la violencia en septiembre llevó a un incremento significativo, alcanzando siete casos en ese mes y once en noviembre. Este repunte se ha vinculado a la captura de figuras clave del narcotráfico, como Ismael ‘el Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de ‘el Chapo’, por parte de autoridades estadounidenses a finales de julio.
En noviembre, al menos siete funcionarios de seguridad fueron asesinados en Sinaloa, destacando los exsecretarios de Seguridad de Mazatlán, Simón Malpica Hernández y Juan Ramón Alfaro Gaxiola, quienes fueron asesinados con solo 15 días de diferencia. Además, se registró una amenaza contra el gobernador de Sinaloa, Joaquín Rocha Moya, quien recibió presiones para cancelar la Expo Ganadera 2024, evento que finalmente no se llevó a cabo.
El informe también menciona el asesinato de Faustino Hernández Álvarez, líder de una organización ganadera y exfuncionario de Culiacán, ocurrido en septiembre. Desde 2018 hasta 2024, Data Cívica ha documentado un total de 2,221 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas vinculadas al ámbito político y gubernamental, de los cuales un 78% corresponden a hombres.
La creciente violencia política en México plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y la integridad de los procesos democráticos en el país, haciendo urgente la necesidad de medidas efectivas para proteger a quienes participan en la política.
