Un total de cuatro militares han sido detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunto vínculo con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Además del general José Rodríguez Pérez, quien al momento de la desaparición de los estudiantes en septiembre de 2014 era comandante del 27 Batallón de Infantería, también fueron aprehendidos el sargento Eduardo Mora y el subteniente Alejandro Pirita Ochoa han sido detenidos, informó el diario El Universal.
Ayer, el Subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, señaló que la FGR ha emitido cuatro órdenes de aprehensión en contra de militares por el caso Ayotzinapa, de las cuales tres, dijo, ya se habían cumplimentado.
“Se han dictado cuatro órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército Mexicano. Al momento se han ejecutado ya tres de ellas. Hay tres detenidos, entre ellos, el comandante del 27 Batallón de Infantería cuando se suscitaron los hechos en Iguala en septiembre de 2014. Ya tres detenidos; hay cuatro órdenes de aprehensión y se seguirá informando al respecto”, dijo el subsecretario.
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De acuerdo con fuentes consultadas por el diario, tanto Rodríguez Pérez como Mora y Pirita Ochoa fueron detenidos el pasado miércoles. A estas detenciones se suma la del capitán José Martínez Crespo, exjefe de un pelotón del 27 Batallón de Infantería de Iguala, arrestado en noviembre de 2021.
En el caso de José Rodríguez Pérez, según fuentes militares, fue detenido alrededor de las 4 de la tarde del miércoles 14 de septiembre en la Ciudad de México por la Policía Federal Ministerial y trasladado a la prisión del Campo Militar 1-A.
Sin embargo, esta versión fue refutada por el abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, quien aseguró que el mando militar no fue detenido, sino que se entregó de manera voluntaria, señaló a El Universal.
De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa), seis estudiantes normalistas que estaban privados de su libertad en una bodega de Pueblo Viejo en Iguala, el día 30 de septiembre del 2014 habrían sido entregados por el crimen organizado al entonces coronel José Rodríguez Pérez, quien habría dado la orden de ejecutarlos y desaparecer sus cuerpos para borrar cualquier evidencia de su asesinato.
