El próximo 1 de septiembre, el Senado de la República celebrará una sesión solemne de aproximadamente cinco horas para tomar protesta a los 881 juzgadores federales elegidos por voto popular el 1 de junio pasado. Este evento marca la culminación de un nuevo modelo de elección judicial que tuvo origen en la reforma constitucional del Poder Judicial publicada en septiembre de 2024.
La ceremonia comenzará a las 19:30 horas con la jura de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como de las salas regionales del mismo tribunal y del Tribunal de Disciplina Judicial.
A las 20:00 horas continuará la protesta de los magistrados de circuito en tres bloques sucesivos: los circuitos Primero y Segundo; del Tercero al Noveno; y del Décimo al Vigésimo. A las 21:30 será el turno de los circuitos Vigésimo Primero al Trigésimo Segundo.
A partir de las 22:00 horas comenzará la protesta de los jueces de distrito, también organizada en bloques horarios: de los circuitos Primero al Cuarto, luego los del Quinto al Decimoquinto, y finalmente, a las 23:00 horas, los del Decimosexto al Trigésimo Segundo.
La sesión fue aprobada por la Mesa Directiva del Senado con base en lo previsto en la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento del Senado. Adoptará un carácter “permanente” para permitir un desarrollo ordenado durante toda la ceremonia.
Además, el Senado solicitó al INE y al Tribunal Electoral información detallada —género, distrito, cargo y constancias certificadas— para convocar oficialmente a cada persona electa y evitar retrasos en la integración del Poder Judicial. La entrega de estos datos deberá ocurrir antes del 28 de agosto, es decir, al menos dos días hábiles antes de la sesión solemne.
Esta toma de protesta representa una transformación histórica, ya que por primera vez los integrantes del Poder Judicial federal —ministros, magistrados y jueces— acceden a sus cargos mediante elección popular. El acto simboliza la apertura de una nueva etapa en la legitimidad del órgano judicial, a través de una integración más vinculada con la ciudadanía.
Sin embargo, el proceso también ha enfrentado resistencia: en agosto de 2024 se registraron protestas de operadores del sistema judicial y estudiantes de Derecho, quienes argumentan que este modelo podría debilitar la independencia judicial y politizar los nombramientos.
