Ciudad de México— El Tribunal Colegiado que en Tamaulipas ordenó la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia para el Caso Iguala y aclarará los alcances de sus cuatro sentencias a petición de la Presidencia de la República y la Cámara de Diputados.
En un acuerdo emitido este martes, los magistrados federales señalaron que en su próxima sesión ordinaria abordarán los planteamientos de ambos poderes de la Unión y, en su caso, realizarán una aclaración oficiosa sobre la extensión de sus resoluciones.
Considero pertinente hacer mía la solicitud de aclaración planteada en representación del presidente de la República, así como de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Lo anterior, a fin de que el Pleno de este tribunal colegiado, esté en aptitud de abordar dichos planteamientos en la próxima siguiente sesión ordinaria.
“Esto con la precisión de que, la procedencia o no de la aclaración, debe versar no solamente respecto a la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 203/2017, sino también en relación a los diversos 204/2017, 205/2017 y 206/2017, pues todos ellos guardan relación entre sí”, señala el documento emitido por el Tribunal.
Fue el pasado 4 de junio cuando los magistrados ordenaron la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el Caso Iguala tras concluir que presumiblemente algunos acusados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron torturados por el ministerio público federal.
La sentencia indica que la Comisión deberá integrarse por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar.
Además, según los magistrados federales, quienes formen parte de la misma podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos para lograr sus objetivos.
Es imperativo cumplir con el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos”, indicaron.
En la sentencia se le solicita al presidente Enrique Peña Nieto girar instrucciones a todas las secretarías y dependencias que integran su gabinete, para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, se sirvan prestar el apoyo y demás facilidades que requiera la referida comisión para el logro de su cometido, se informó en Imagen Televisión.
Incluso, los magistrados consideraron que, tomando en consideración las necesidades que están padeciendo los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, en cuya afectación habrían intervenido diversas autoridades “sería un buen gesto del Estado mexicano anticipar una indemnización parcial de 500 mil pesos a favor de los familiares de los estudiantes desaparecidos”.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un comunicado en el que dice que “respecto a las acusaciones de tortura, la Procuraduría, a través de la Unidad Especializada, tiene abiertas diversas Carpetas de Investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica conforme al Protocolo de Estambul”.
Asimismo, indica que “la investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
Fuente: diario.mx
