A dos años del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes y 27 más resultaron heridos, familiares y activistas se manifestaron pacíficamente en la calle Correo Mayor, a espaldas de Palacio Nacional. Durante la protesta, exigieron justicia, una disculpa pública y la renuncia de los responsables del Instituto Nacional de Migración (INM).
El 27 de marzo, integrantes del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) leyeron cartas de los sobrevivientes, quienes denunciaron las secuelas físicas y emocionales que aún enfrentan. Los manifestantes responsabilizaron al Estado mexicano por la tragedia y pidieron que el titular del INM, Francisco Garduño, rinda cuentas y cumpla con la reparación integral del daño.
Lorena Cano Padilla, coordinadora jurídica del IMUMI y representante de ocho víctimas, explicó que el proceso legal de Garduño está en suspensión condicional, lo que significa que el caso no avanzará si cumple con ciertos requisitos, incluida la disculpa pública. Sin embargo, hasta la fecha, no ha reparado a ninguna víctima.
Durante la protesta, Ada Quintero, madre de un sobreviviente, denunció que los migrantes detenidos en México no pueden comunicarse con sus familias en emergencias. “Es triste saber que ellos pudieron haber evitado esta tragedia”, lamentó.
Los padres de Milton Alexis Melara, migrante fallecido, expresaron su dolor y exigieron justicia. “Nuestro hijo soñaba con una mejor vida para su familia, pero encontró la muerte en México”, dijeron. Delmis, esposa de otra víctima, señaló que la reparación económica no compensa la pérdida y pidió que no se repita una tragedia similar.
Jessica Núñez, representante del IMUMI, enfatizó que las víctimas indirectas siguen sin recuperar sus derechos y que muchas familias se han visto afectadas económicamente. “No fue solo un incendio, fue el Estado”, concluyó.
