Activistas y empresarios critican la reelección de Rosario Piedra Ibarra en la CNDH

Acusan falta de independencia y la politización del organismo.

Itzel Checa, coordinadora del Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas, advirtió que la reelección de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) representa un retroceso en la democracia en México. En una entrevista con Grupo REFORMA, Checa destacó que esta decisión se inscribe en un contexto de disminución de controles y contrapesos, lo que favorece una mayor concentración de poder en el Ejecutivo, actualmente encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, de Morena.

Checa subrayó que la falta de límites al poder puede llevar a abusos, recordando que la historia ha demostrado que la ausencia de frenos propicia la opacidad y la secrecía en la gestión pública. Esta situación se agrava con la reciente aprobación de reformas que permiten elegir a jueces y magistrados por voto popular y la posible extinción de órganos autónomos, como el INAI.

La activista criticó que, a pesar de la expectativa de elegir a un perfil independiente y capacitado para dirigir la CNDH, prevalecieron los intereses gubernamentales y partidistas. “El segundo piso de la Cuarta Transformación está apostando a instituciones cómodas, que no generen ruido, en lugar de ser una voz que atienda a las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, afirmó.

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Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también expresó su preocupación, señalando que la reelección de Piedra evidencia una politización que compromete la imparcialidad y autonomía del organismo. El organismo empresarial lamentó que el proceso de designación se centrara en intereses políticos, dejando de lado a candidatos con trayectoria y reconocimiento en la defensa de los derechos humanos.

Checa anticipó que, en el futuro, la situación podría empeorar, ya que la eliminación de contrapesos se acompaña de una creciente militarización, reflejada en reformas como la de prisión preventiva y la de Supremacía Constitucional. La activista instó a la sociedad civil a mantenerse unida y vigilante, exigiendo rendición de cuentas a las instituciones.

“Tal parece que, como el Gobierno tiene mucha legitimidad, no le importa nada. Ganaron las elecciones, pero eso no les autoriza a desmantelar la democracia y los derechos humanos”, concluyó Checa.

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