Ciudad de México, México.- El Gobierno federal y los 32 gobernadores del país formalizaron este jueves el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, una iniciativa que busca articular una respuesta homogénea y coordinada frente al único delito de alto impacto cuya incidencia continúa al alza.
El acuerdo fue presentado durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional, como parte de la estrategia integral en materia de seguridad que comenzó a implementarse en julio pasado. El objetivo central es cerrar brechas institucionales, fortalecer capacidades locales y unificar criterios de actuación en todo el territorio nacional.
Al exponer los alcances del pacto, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció que la extorsión se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales. Señaló que el nuevo marco obliga a los estados a armonizar su legislación, consolidar o crear unidades especializadas dentro de las fiscalías y aplicar procedimientos homologados mediante un manual nacional de actuación. A ello se suma el reforzamiento del 089, línea clave para la atención y canalización de denuncias.
El funcionario detalló que, desde el inicio de la estrategia nacional contra la extorsión el 6 de julio, se han recibido más de 102 mil llamadas al 089 y se ha logrado la detención de más de 600 personas relacionadas con este delito en 22 entidades federativas.
Durante la misma sesión, García Harfuch subrayó que la coordinación entre Sedena, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales ha permitido resultados relevantes en los primeros 14 meses del actual Gobierno, con más de 38 mil 700 detenciones por delitos de alto impacto, el aseguramiento de más de 20 mil armas y la incautación de 311 toneladas de drogas.
El Consejo también evaluó avances en la profesionalización policial, la homologación de academias de formación, la certificación de áreas de inteligencia e investigación, así como la actualización de los lineamientos operativos del 911 y el 089. En materia de información criminal, se presentaron nuevas metodologías del Sistema Nacional, incluyendo la medición diaria del homicidio doloso, indicadores de eficiencia ministerial y la integración de la Base Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Adicionalmente, se aprobaron los criterios de operación de los fondos federales destinados a seguridad y justicia, entre ellos FASP, FOPISP y FORTAMUN, con el propósito de fortalecer las capacidades estatales y ordenar la aplicación de los recursos públicos.
En su intervención, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la extorsión representa el principal desafío inmediato tanto para la Federación como para los gobiernos estatales. Señaló que es indispensable que las entidades homologuen las reformas constitucionales ya aprobadas para combatir este ilícito de manera más eficaz.
La mandataria explicó que, hasta antes de la reforma, la extorsión se perseguía como delito del fuero común y dependía de la denuncia directa de la víctima. Con los cambios legales, precisó, se habilita la intervención de la Fiscalía General de la República y se elimina la denuncia como requisito de procedibilidad, permitiendo que el delito sea perseguido de oficio.
Sheinbaum reconoció que la incidencia varía entre estados, pero subrayó que la respuesta debe ser conjunta, al tratarse de un delito que impacta de manera directa en la percepción de inseguridad de la población. Añadió que, aunque muchas extorsiones no llegan a las fiscalías, sí aparecen de forma constante en las encuestas de victimización del INEGI, lo que obliga a atender el fenómeno con prioridad nacional.
Finalmente, la Presidenta destacó el trabajo del Gabinete de Seguridad y expresó su reconocimiento al ex Fiscal Alejandro Gertz Manero, por su contribución a los resultados obtenidos durante el último año.
