Acusan a ministro de la SCJN de ceder ante presiones de Morena

Patricia Aguayo denuncia que Alberto Pérez Dayán votó en contra de la reforma judicial por investigaciones en su contra.

Patricia Aguayo, representante de los trabajadores del Poder Judicial, ha advertido sobre la necesidad de investigar al ministro Alberto Pérez Dayán, a quien acusa de “doblarse” ante las presiones de Morena al votar en contra de la invalidación de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. En una entrevista radiofónica, Aguayo sugirió que las investigaciones abiertas en su contra podrían haber influido en su decisión.

“Recibimos información sobre un par de averiguaciones que tenía abiertas el ministro Pérez Dayán. No lo hemos corroborado, pero vamos a investigar y, por supuesto, haremos algo al respecto porque esto no se puede quedar así”, afirmó Aguayo. Esta situación ha generado un clima de tensión entre los trabajadores del Poder Judicial, quienes temen que la reforma judicial sea una estrategia para debilitar la independencia del poder.

Durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Pérez Dayán fue apodado “el Yunes de la Corte” por sus colegas, en referencia a su decisión que, según Aguayo, representa un “epitafio” para el Poder Judicial de la Federación. “Lo único que vimos es que se sumó a las ministras de la 4T, algo que no esperábamos y que el pueblo de México no merece”, enfatizó.

Aguayo también criticó el enfoque de Claudia Sheinbaum, sugiriendo que el plan B de la exjefa de Gobierno consistió en persuadir a un ministro de la SCJN para mantener la reforma. “Hay mucha decepción y frustración. Nunca imaginamos que un ministro de carrera fuera atemorizado por la aplanadora de Morena”, lamentó.

En cuanto al paro en el Poder Judicial, Aguayo indicó que los trabajadores probablemente regresarán a sus labores pronto, ya que el plan de protesta se ha agotado. Finalmente, reiteró que el objetivo de la reforma judicial es “minar al Poder Judicial” y dejar a los ciudadanos sin defensas legales, lo que considera un grave riesgo para la justicia en el país.

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