Ciudad de México— El presunto desvío de mil 900 millones de pesos desde la Sedesol y la Sedatu, y el retiro en efectivo de 700 de ellos, se dio ante la omisión de distintas autoridades, consideró Muna Dora Buchahin, extitular de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En entrevista, la exfuncionaria señaló que si cada área del Gobierno hubiera cumplido con su deber, difícilmente se habría dado ese expolio de los recursos públicos, el cual se operó de manera sistemática durante varios años.
“No se hicieron las investigaciones por parte de las autoridades en materia penal, ni la fiscal que yo sepa, ni la parte del seguimiento del dinero por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Simple y sencillamente, si hubieran actuado como deberían haberlo hecho hubieran inhibido esa actuación, porque si la gente sabe que la estás investigando deja de hacerlo”, señaló.
Reforma publicó el martes que el desvío de recursos desde esas dos dependencias, con Rosario Robles como titular, no paró en la dispersión de recursos a 76 empresas, sino que seis de ellas y, otras nueve que sirvieron de puente, lo convirtieron en efectivo y repartieron 708.2 millones de pesos en 10 domicilios de cinco ciudades del país.
Buchahin, quien fue la responsable de coordinar la auditorías en las que se detectó el desvío multimillonario, recordó que la ASF advirtió de las irregularidades en las que estaban incurriendo Sedesol y Sedatu al firmar convenios de colaboración con universidades y entidades públicas para evitar los procesos de licitación.
“Todos dejaron a un lado su deber de cuidado y permitieron o, incentivaron de alguna manera, que siguieran sucediendo estos hechos, porque no quisieron jamás publicitarlo, no quisieron detener o hacer un llamado de atención o investigar qué sucedía en estas contrataciones”, consideró la especialista en corrupción.
Además, dijo, hasta mayo pasado, cuando ella salió de la institución, la ASF había presentado 16 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigara penalmente los hechos, sin que a la fecha esa dependencia haya informado el resultado de las indagatorias.
En el saqueo de recursos de la Sedesol y la Sedatu, señaló Buchahin, hubo un concierto de actividades ilícitas que podrían considerarse de asociación delictuosa por la manera en que se planeó y ejecutó.
Para operar el desvío, dijo, se utilizó una red de empresas, muchas de ellas fantasma, que fueron triangulando los recursos con la intención de que se les perdiera la pista.
“Este es un modus operandi articulado, utilizando como medio a ciertas universidades, que se prestaron a ellos y, finalmente, quienes son titulares de una universidad son personas, funcionarios, que tuvieron que haber asumido una cuestión ética y no haberlo permitido”, apuntó.
Fuente: diario.mx
