La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, ha emitido una contundente advertencia sobre las consecuencias de una posible eliminación de la prisión preventiva de oficio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Alcalde advierte que esta acción podría resultar en la liberación masiva de hasta 68 mil delincuentes que actualmente se encuentran bajo esta medida cautelar.
Durante una conferencia matutina en Palacio Nacional, Alcalde expresó su preocupación por lo que considera una extralimitación de la Corte en sus funciones, así como una falta de consideración de las repercusiones para la seguridad y la paz en el país. Argumentó que la prisión preventiva de oficio es crucial para la contención de delitos graves como homicidio, secuestro, violación, narcotráfico y otros.
El debate surge en torno a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó a México y ordenó la adecuación de las leyes, incluida la Constitución, para eliminar la prisión preventiva. Alcalde destacó que si bien esta resolución afecta a todo el Estado mexicano, la SCJN ha decidido discutirla y, según Alcalde, pretende ordenar unilateralmente su cumplimiento sin considerar otras instituciones, como el Congreso de la Unión, que debería analizar cualquier modificación constitucional.
En un tono enérgico, Alcalde recordó a la SCJN que ningún organismo extranjero puede imponer cambios en la Constitución mexicana y que es responsabilidad de la propia Corte defenderla. Esta advertencia resalta las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en México, así como la sensibilidad en torno a cuestiones de seguridad y justicia en el país.
