El Gobierno federal anunció una nueva emisión de deuda por hasta 10 mil millones de dólares destinada a fortalecer la liquidez de Petróleos Mexicanos (Pemex) y atender sus obligaciones financieras a corto plazo. Sin embargo, especialistas advierten que esta medida no resuelve la crisis estructural de la empresa y será un “Pemexproa”, es decir, un rescate financiero cuyo costo acabarán absorbiendo los mexicanos.
La emisión consiste en instrumentos financieros denominados notas precapitalizadas, que, aunque diseñadas para evitar consolidar esos pasivos directamente en la contabilidad de Pemex o del Estado, representan deuda pública ineludible para el Gobierno. Según analistas, esta operación financiera solo cubrirá entre el 7% y el 10% de la deuda total de Pemex, la cual alcanza aproximadamente 101 mil millones de dólares. Además, la petrolera debe alrededor de 20 mil millones de dólares a proveedores, lo que el nuevo financiamiento apenas aliviará parcialmente.
Expertos como Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC, indican que el monto es insuficiente para cubrir los compromisos inmediatos de Pemex, que se enfrentan a vencimientos considerables en los próximos años, incluyendo 21 mil millones de dólares programados para 2025. La situación financiera de la compañía sigue siendo crítica, con una carga de deuda elevada y un déficit estructural que no se ha logrado superar.
Asimismo, la calificadora S&P ha señalado que la dependencia de Pemex del apoyo soberano continuará, ya que la empresa no genera suficientes recursos para cubrir sus obligaciones financieras sin respaldo del Gobierno. Las expectativas apuntan a que la deuda y el déficit de liquidez persistirán a menos que se concrete un plan de negocios efectivo que logre revertir las pérdidas actuales.
Esta nueva emisión ha generado reacciones críticas, subrayando que no incorpora recursos frescos para inversión o desarrollo, sino que sirve principalmente para refinanciar y posponer el pago de pasivos existentes. Esto vuelve a evidenciar la compleja situación de Pemex y la dificultad de la administración para plantear soluciones estructurales ante la abultada deuda y las limitaciones financieras de la empresa estatal.
