Un juez federal ordenó a las autoridades realizar una consulta indígena sobre las actividades de almacenamiento, transporte y distribución del combustible para el funcionamiento del aeropuerto de Santa Lucía, por lo que la obra debe permanecer paralizada hasta que se garantice que no afectará al medio ambiente.
El juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión provisional a integrantes de los pueblos originarios de Tecámac, Estado de México, para que además se les informen las consecuencias de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en la que se autorizó de manera condicionada la construcción del aeropuerto en la base militar y no produzcan efectos.
“Resulta obligatorio para la autoridad administrativa respectiva tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los que se desarrollen proyectos de la industria de hidrocarburos, por lo que la Secretaría de Energía, tratándose del impacto social, deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta previa, libre e informada necesarios y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda, en coordinación con la Secretaría de Gobernación”, indica el acuerdo del juez.
El amparo forma parte de los nueve juicios tramitados por integrantes de los pueblos originarios del municipio de Tecámac en juzgados federales de Naucalpan. Dos de ellos fueron enviadas al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
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