La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, ha anunciado que se mudará a un cuartel militar debido a las amenazas recibidas y al posible enojo de los grupos a quienes se les han decomisado armas. La decisión fue recomendada por la Guardia Nacional (GN) y fue revelada por la presidenta municipal en una conferencia de prensa.
Caballero Ramírez destacó los logros obtenidos en materia de seguridad, mencionando la confiscación de 1,700 armas y la detención de más de 56 generadores de violencia. Estos resultados han provocado amenazas en su contra, lo que la ha llevado a tomar la decisión de mudarse al cuartel militar.
La alcaldesa señaló que posiblemente se mudará esta semana y mencionó que constantemente recibe amenazas tanto en línea como en otros medios, las cuales ha decidido mantener en reserva. Ante la insistencia de la prensa sobre los motivos de su cambio de residencia, Caballero Ramírez afirmó que se debe a ser la presidenta municipal con mejores resultados en materia de seguridad en todo el Estado, y que está tomando precauciones para evitar cualquier situación adversa.
Cabe mencionar que recientemente, un escolta de la alcaldesa fue atacado mientras esperaba fuera de una estética frecuentada por la funcionaria. Afortunadamente, la alcaldesa decidió no acudir al lugar en el último momento. Además, se informó que dos vehículos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal fueron dañados con bombas Molotov ese mismo día.
Hasta el momento, las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Baja California descartaron la hipótesis de que la agresión estuviera dirigida específicamente contra Caballero Ramírez.
El pasado 29 de mayo, la alcaldesa también compartió en su perfil personal de Facebook fotografías de su boda con el deportista iraní Said Ravanfar, quien es padre de su hijo Amir Ravanfar Caballero. Ravanfar se ha desempeñado como árbitro de fútbol profesional y parece mantenerse alejado de la política.
La decisión de la alcaldesa de mudarse a un cuartel militar ha generado atención y cuestionamientos sobre la situación de seguridad en Tijuana, así como sobre las amenazas que enfrentan los funcionarios públicos en el desempeño de sus labores.
