Ciudad de México, México.- Durante 2024, entre 388 y mil 84 adolescentes fueron privados de la libertad en el país en delitos comúnmente vinculados con la delincuencia organizada, un patrón que permite considerarlos como probables víctimas de reclutamiento forzado, de acuerdo con el Balance anual 2025 elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México.
El informe, presentado este martes, señala que los mayores registros de estos casos se concentraron en Estado de México, Sonora y Chihuahua, entidades caracterizadas por la presencia de grupos criminales y disputas territoriales. El documento subraya que la privación de la libertad de adolescentes por este tipo de delitos aumentó 20.6% entre 2023 y 2024, al pasar de 899 a mil 84 casos.
La Redim expresó preocupación por esta tendencia, al advertir que el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes continúa siendo un fenómeno invisibilizado en el país, en parte porque no está tipificado como delito autónomo en la legislación mexicana, lo que impide dimensionar su magnitud real.
El análisis expone que delitos como extorsión, trata de personas, reclutamiento y violencia familiar presentan altos niveles de subregistro, especialmente cuando las víctimas son menores de edad. Entre las causas se encuentran el miedo, la normalización de la violencia, la desconfianza hacia las autoridades y la ausencia de mecanismos de denuncia accesibles y especializados.
Ante este panorama, la organización subrayó la necesidad de fortalecer los sistemas de denuncia e información, así como de reconocer el trabajo de documentación que realizan las organizaciones civiles. Advirtió que la ausencia o insuficiencia de datos oficiales no puede justificar la inacción del Estado frente a la vulneración de los derechos de la infancia y la adolescencia.
El documento sostiene que, en contextos marcados por violencia, desaparición y reclutamiento, el interés superior de la niñez exige respuestas oportunas, coordinadas y eficaces por parte de las autoridades, así como políticas públicas orientadas a prevenir daños irreparables. La falta de acciones preventivas o la reacción tardía, enfatiza, constituye una forma de violación a los derechos humanos.
Sobre la dimensión del problema, el informe Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México, elaborado por la Redim junto con el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, estima que entre 145 mil y 250 mil menores se encuentran en riesgo de ser cooptados por organizaciones criminales.
El estudio detalla que los grupos armados captan a menores para actividades como traslado de armas, transporte de drogas, vigilancia, venta, violencia letal y explotación sexual, aprovechando su alta vulnerabilidad y su condición de sujetos protegidos por la ley.
En el ámbito presupuestal, la Redim destacó que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 asignó 1.1 billones de pesos a niñas, niños y adolescentes. Aunque el monto representa un incremento nominal de 8% respecto al año anterior, equivale apenas al 10.8% del total del gasto público, una proporción menor a la de 2025 (11%) y muy por debajo del 15% registrado en 2015.
El análisis concluye que el aumento presupuestal resulta insuficiente para cerrar las brechas persistentes en el ejercicio efectivo de los derechos de la infancia, especialmente en un contexto de crisis social, económica y de seguridad. Por ello, la Redim llamó a recolocar a la niñez y adolescencia como una prioridad central en la planeación del gasto público y a mejorar los sistemas de información, luego de que en 2025 se enfrentaran serias limitaciones de datos tras la desaparición de instituciones clave.
