Dos convenios en Liconsa por hasta 4 mil millones de pesos, asignados a una empresa sin experiencia en el ramo lechero, involucran a personajes ligados a dirigentes de Movimiento Ciudadano (MC), un partido que en 2012 impulsó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, pero que en años recientes se ha presentado como un partido opositor al presidente de México.
El director de Liconsa, Ignacio Ovalle, fue hasta hace poco Presidente de una organización adherente a MC y los convenios beneficiaron a Alejandro Puente Córdoba, un empresario que fue candidato a senador por ese partido político y es papá de una diputada federal suplente del mismo instituto.
Además, los dos funcionarios que firmaron las asignaciones están ligados a MC; uno de ellos aspiraba a lograr una candidatura el próximo año, y otro es papá de una exdirectiva emecista en Nuevo León y legisladora federal de ese partido y de un excolaborador de Ovalle en su organización adherente.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó el pasado 26 de agosto que Liconsa había asignado, con 5 días de diferencia, dos contratos por hasta 4 mil millones de pesos a una compañía fundada por Puente Córdoba, un empresario de telecomunicaciones que estuvo ligado a actos de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón.
Puente Córdoba creó Grupo Vicente Suárez 73 el 11 de noviembre de 2014 como empresa de la construcción y fue hasta el 3 de diciembre de 2018 –a los dos días del cambio de gobierno- cuando se añadió a su objeto social que también se dedicaría a la producción y comercialización de productos agrícolas y ganaderos.
En diciembre de 2019, a un año de cambiarse de giro, la empresa firmó dos convenios con Liconsa para procesar como mínimo 800 mil litros de leche al día, durante cinco años, en plantas que se construirán en Zacatecas y Tabasco, a cambio de un pago de 806 millones de pesos al año (más de 4 mil millones en cinco años).
Los convenios contienen una cláusula que permite vender a Liconsa leche procesada desde el momento de la firma (diciembre de 2019), vía la subcontratación con otras compañías ya establecidas que cuenten con la infraestructura necesaria.
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Fuente: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
