Luego de que el jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, el Gobierno federal advirtió que se revisará la legalidad y rentabilidad financiera de los contratos de producción independiente y se revocarán los permisos irregulares.
La Presidencia de la República señaló que a estas centrales de producción independiente se les paga el 100% de la energía por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE) aunque no se entregue, por lo que “se termina el negocio heredado” con el que se benefició, indicó, a empresas como Iberdrola, Naturgy, Mitsui, Saavi, Enel, entre otras.
Indicó que, a partir del fallo del Máximo Tribunal, se detiene el otorgamiento de permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) sin sustento técnico.
Detalló que en el país existen 234 autoabastecimientos, de los cuales 110 son ilegales y tienen 77 mil socios-clientes.
“Se revisará la legalidad y rentabilidad financiera para el Estado de los contratos de producción independiente, los cuales en su caso deberán ser renegociados o terminados anticipadamente”, publicó la Presidencia.
Se afirma que los pronunciamientos establecidos por el Máximo Tribunal en favor de la constitucionalidad de la reforma deben ser tomados en consideración por los jueces de distrito y los tribunales colegiados que tienen a su cargo los amparos promovidos por las empresas privadas y será el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien dictará un acuerdo en ese sentido.
