En una rápida respuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Andrés Manuel López Obrador ha emitido un decreto para proteger los grandes proyectos del Gobierno de México. Esto sucede después de que el pleno del alto tribunal declarara inconstitucional el acuerdo que consideraba estos proyectos como seguridad nacional, argumentando que vulneraba el derecho de acceso a la información.
El decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece que el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque son considerados proyectos de seguridad nacional e interés público. El documento menciona que estos proyectos involucran la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura y espacios relacionados.
El presidente López Obrador ha detallado las razones por las cuales se consideran de seguridad nacional: el Tren Maya, por ser el proyecto de infraestructura más importante del Gobierno; los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, debido a su ubicación estratégica para la vigilancia y control del espacio aéreo en la frontera sur; y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por permitir la conexión entre el océano Pacífico y el golfo de México y el Atlántico.
Este nuevo decreto es más específico que el anterior, que fue declarado inválido en 2021, ya que incluía una amplia gama de proyectos relacionados con diferentes sectores. La amplitud y ambigüedad del acuerdo anterior fueron argumentos utilizados por los ministros para invalidarlo, ya que obstaculizaba el acceso a la información por parte de la ciudadanía.
La SCJN ha respaldado la impugnación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) contra el decreto anterior, con ocho ministros votando a favor y tres en contra. Sin embargo, el INAI no puede impugnar el nuevo decreto debido a la falta de comisionados en su pleno, lo cual ha paralizado el funcionamiento del organismo autónomo desde abril.
La respuesta directa del presidente López Obrador a la Suprema Corte se suma a la creciente tensión entre el poder ejecutivo y judicial. Durante la presidencia de Norma Piña en la SCJN, las fricciones entre ambos poderes han escalado. Recientemente, el mandatario ha criticado los privilegios de los ministros y ha propuesto que su nombramiento sea elegido mediante consulta popular.
Esta nueva medida del presidente ha reavivado el debate sobre el equilibrio de poderes y la transparencia en el país, en medio de una situación en la que el INAI enfrenta obstáculos para su funcionamiento pleno y la SCJN continúa ejerciendo su labor de revisión constitucional.
