El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió enérgicamente el nuevo decreto emitido por su gobierno que clasifica las megaobras como “seguridad nacional”. Acusó a la Suprema Corte y al “poder conservador” de estar en contra de su administración y de obstruir el progreso del sureste del país.
En respuesta a la anulación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de un decreto emitido en 2021 para acelerar los trámites de las obras insignia de su gobierno, el presidente justificó la necesidad de proteger estas grandes obras y estableció una zona de seguridad nacional en la región de la Península de Yucatán. Esta medida incluye aeropuertos como Chetumal, Tulum y Palenque, puertos marítimos y ferrocarriles como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.
López Obrador argumentó que un bloque de oposición “irresponsable y mafiosa” no desea el progreso del sureste del país y destacó que la medida decretada no tiene como objetivo principal limitar la información disponible sobre las obras, aunque admitió irónicamente que “hay mucha gente que tiene ganas de que les digan mentiras acerca de nosotros”.
El presidente expresó desconfianza hacia la Corte y aseguró que el decreto servirá para protegerse de supuestos intereses y la mala actuación de los magistrados. Además, reprochó a las organizaciones civiles que promovieron amparos contra las obras del Tren Maya, señalando que fueron asesoradas por el ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el ex ministro de la Corte, José Ramón Cossío.
Con esta nueva medida, el gobierno federal busca blindar los proyectos federales y salvaguardar su ejecución sin obstáculos legales. La decisión del presidente ha generado controversia y críticas por parte de sectores que consideran que esta clasificación como “seguridad nacional” puede socavar la transparencia y el acceso a la información pública, derechos fundamentales en un sistema democrático.
