El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha decretado la nacionalización y ocupación inmediata de la planta productora de hidrógeno U-3400, ubicada en Tula, Hidalgo. La planta fue vendida en 2017 a la empresa Air Liquide por 52 millones 700 mil dólares y ahora deberá suministrar hidrógeno para la producción de gasolinas y diésel.
En un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se declara de utilidad pública la conservación y prestación del servicio de suministro de hidrógeno, su uso, aprovechamiento, operación y explotación, así como las mejoras de la Planta Productora de Hidrógeno U-3400, ubicada en la Refinería Miguel Hidalgo.
La ocupación temporal inmediata se ordena a favor de Pemex Transformación Industrial, como empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, abarcando el uso, aprovechamiento, operación y explotación de la Planta de Hidrógeno U-3400, junto con los bienes, derechos e instalaciones necesarios para su adecuada operación.
López Obrador justifica esta medida argumentando el aumento en la demanda de hidrógeno para reducir el uso de azufre, un componente más contaminante, en la elaboración de productos petrolíferos. Además, destaca la necesidad de garantizar la soberanía energética del país.
La planta U-3400 fue vendida por Pemex a Air Liquide México en 2017, comprometiéndose esta última a realizar trabajos de mantenimiento y renovación. Sin embargo, la ocupación inmediata por parte de Pemex se ha ordenado mediante el pago de una indemnización, cuyo monto será establecido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
El decreto presidencial otorga un plazo de diez días hábiles para que los propietarios inicien un procedimiento judicial, exclusivamente con el fin de impugnar el monto de la indemnización.
Cabe destacar que en mayo de 2021, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, anunció que el Presidente López Obrador había instruido negociar la recompra de plantas de hidrógeno privatizadas durante el anterior sexenio, con el objetivo de evitar despilfarros en la hacienda pública.
